Las asociaciones creen que es "un día histórico" pero echan en falta una política "ambiciosa" de viviendas tuteladas y de alquiler social
VALENCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pacto Autonómico por la Salud Mental, que impulsan las consellerias de Políticas Inclusivas y Sanidad Universal, pretende garantizar a estos enfermos no solo una atención sanitaria "específica, digna e individualizada" sino también "devolverles sus derechos".
Así, lo han señalado este miércoles el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en el acto de la firma con la que se abren los trabajos para llegar llegar a este pacto, en el que participarán también asociaciones de enfermos.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que comienza "el primer paso", y "se sientan las bases para empezar a recuperar los derechos de salud mental" porque "la estigmatización de estos enfermos es también un problema político"". "Tras tanto tiempo de hostilidades e incapacidad es el deber de la Administración de estar junto a las personas más vulnerables", ha apostillado.
El consell pide que se sumen a estos trabajos no solo las personas afectadas, sino también las entidades profesionales, los grupos políticos y las instituciones y se compromete, desde esta firma, a "impulsar acciones para mejorar su grado de bienestar, con acciones preventivas, mejorando la autoayuda y con un soporte integral social y sanitario" a estos enfermos.
Además, Oltra ha explicado que se va a "potenciar programas y acciones destinadas a todas las etapas vitales, infancia, adolescencia y personas mayores" de estos enfermos, que en la Comunitat Valenciana ascienden a 1,3 millones.
Asimismo, se promoverán actuaciones integrales encaminadas a la inclusión laboral de personas con trastorno mental grave en todas las políticas públicas de fomento de la ocupación, así como al desarrollo de programas para estos enfermos que estén además dentro de colectivos de especial vulnerabilidad como mujeres víctimas de la violencia de género, personas sin hogar, personas migrantes o población reclusa.
Al respecto, ha señalado que estos trabajos se harán de manera coordinada en el Consell, con "la implicación de todas las conselleria y grupos políticos", pero "sobre todo con el concurso de los colectivos que durante tanto tiempo han trabajo por los derechos de las personas afectadas". "Hoy se incorpora a la agenda del Consell de manera prioritaria", ha recalcado.
"PUNTO DE INFLEXIÓN IRREVERSIBLE"
Por su parte, la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha resaltado que con la firma de este pacto, que se añade a la nueva Estrategia de Salud Menta que presentó en septiembre, se marca "un punto de inflexión ya irreversible" por la salud mental, que "ocupa su puesto en la agenda política, social e institucional" y "marcará un antes y un después" tras 15 años en los que no solo no se había presentado un plan "ni siquiera una iniciativa destacable", ha lamentado.
Sin embargo, ahora, "no solo se tratará pacientes sino que se les devolverá sus derechos y la categoría de ciudadanos". Para ello, se contará con 61 nuevos profesionales que se incorporarán estos cuatro años a la red de salud mental.
"LA GRAN OLVIDADA"
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Comunitat Valenciana, Alfonso Rodríguez, ha señalado que hoy es un día histórico" porque "tras 15 años hay un compromiso serio y una coordinación entre consellerias" para la salud mental que ha sido "siempre la gran olvidada y la hermana pobre". "Hoy se empieza a caminar aunque habrá que ver cómo se refleja luego en los presupuestos", ha apuntado.
En ese sentido, ha destacado que "se hable de recuperación de derechos" y "de eliminación del estigma social" que tiene estos enfermos y que "se reconozca que sin salud mental no hay verdaderamente salud".
No obstante, ha apuntado que "se ha quedado en el tintero" una política "ambiciosa" de viviendas tuteladas y pisos de alquiler social para lograr la autonomía de estos enfermos. Así, ha reclamado menos residencias en las que se recluya a los enfermos y más viviendas, que deben comenzar con pisos tutelados en los que se enseñe a los enfermos a llevar una vida independiente durante un par de años y que se complementen luego con una red de casas con precios sociales.
Rodríguez ha puesto un ejemplo de la carencia de viviendas: en Alicante y su comarca para una población de 500.000 habitantes solo hay dos viviendas tuteladas, gestionadas por su asociación, y luego no hay viviendas de alquiler. "Es darles un caramelo en la boca para luego quitárselo", ha lamentado
En ese sentido, ha señalado que además de una "atención sanitaria completa" los enfermos requieren cubrir otras necesidades como el derecho al trabajo para poder acometer "un proyecto vital digno", lo que requiere de una formación específica previa.
