MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sector eléctrico se encuentra pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) se pronuncie acerca de un recorte en su retribución realizado por el Gobierno entre 2006 y julio de 2009 por un valor cercano a 2.600 millones después de que se detectase que las empresas habían internalizado y trasladado a los precios finales los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente.
Estas minoraciones practicadas a las eléctricas tradicionales se realizaron a razón de 1.100 millones en 2006, 50,6 millones en 2007, 1.074 millones en 2008 y 436 millones en el primer semestre de 2009, y sirvieron para reducir el déficit de tarifa del sistema eléctrico de los años 2006 (3.046 millones), 2007 (1.223 millones) y 2008 (4.600 millones).
No obstante, Iberdrola explica en su folleto continuado, remitido a la CNMV, que tiene recurridas estas minoraciones ante el Tribunal de Luxemburgo y que está pendiente de un fallo que "podría dar lugar, en caso de que se estimara que la minoración es contraria a la directiva 2003/87/CE, a la devolución de las cantidades indebidamente minoradas en 2006".
Además, advierte de que la resolución que dicte el TUE iría más allá del ejercicio 2006 y "afectará al resultado de los recursos interpuestos" contra las órdenes ministeriales en las que también se recogían las minoraciones de 2007, 2008 y el primer semestre de 2009.
Si bien Iberdrola alude exclusivamente a su recurso particular en el que reclama que se le devuelvan las minoraciones, cuyo importe no cita, una eventual decisión del TUE a favor de los argumentos de la eléctrica dará base para que al resto de las grandes eléctricas se les reconozca el mismo derecho.
La obligatoriedad de devolver los derechos asignados gratuitamente fue impulsada en la época en la que Joan Clos era ministro de Industria, mediante el real decreto ley 11/2007, y quedó derogada en 2009, cuando el ministro Miguel Sebastián impulsó el real decreto ley 6/2009 con medidas para solucionar el déficit de tarifa.
Esta devolución, estimó en su momento el Ministerio de Industria, debía realizarse porque las compañías habían internalizado los derechos de emisión de CO2 recibidos de forma gratuita, lo que a su vez había provocado un alza de precios en el sector.
LITIGIOS INTERNACIONALES.
Por otro lado, Iberdrola informa en su folleto continuado de que su filial de ingeniería ha presentado una demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en la que reclama 300 millones de dólares (245 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios como parte de la construcción del ciclo combinado catarí de Mesaieed. El tribunal se ha constituido en Doha e Iberdrola presentará la demanda antes de fin de 2012.
También como parte de este proyecto, uno de los subcontratistas de Iberdrola Ingeniería ha presentado una demanda ante la CCI en la que reclama a la empresa española 19,8 millones de dólares (16,2 millones de euros) por los retrasos en unas entregas. Este litigio se celebra en París y, como parte del mismo, Iberdrola reclama 2,5 millones de dólares (2 millones de euros) al subcontratista.
La eléctrica también espera para el segundo semestre de este año el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rlativas a Inversiones (Ciadi) en el que Iberdrola reclama a Guatemala 181 millones de dólares (146 millones de euros) por la expropiación de activos sin justa compensación.
