PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno balear pondrá a disposición de los ciudadanos de Baleares afectados por las participaciones preferentes o subordinadas emitidas por Bankia un servicio de información que entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes.
Así lo ha trasladado el director general de Salud Pública y Consumo, Rafael Santiso, a la delegada en Baleares de Ausbanc, Isabel Martorell, en la reunión que han mantenido y en la que Santiso ha manifestado la voluntad del Govern de hacer todo aquello que sea posible para evitar a los afectados los desplazamientos a la Junta Arbitral de Consumo en Madrid.
Concretamente, ha detallado que el servicio de información que atenderá a los ciudadanos afectados por las participaciones preferentes o subordinadas emitidas por Bankia detallará a las personas interesadas el procedimiento para someterse a la Junta Arbitral Nacional, que es el órgano competente designado por Bankia para emitir un laudo.
Asimismo, también les informará sobre los criterios de admisibilidad que establece la Comisión de Seguimiento de Preferentes creada por el Real decreto Ley 6/2013, de 22 de marzo.
Según el procedimiento que ha establecido el Instituto Nacional de Consumo -del cual depende la Junta Arbitral Nacional-, los afectados deben ir a su oficina de Bankia para rellenar la solicitud de admisión de un arbitraje. En el caso concreto de Menorca, la Dirección general de Salud Pública y Consumo solicitará a Bankia que los afectados puedan enviar la solicitud mediante correo ordinario y fije la oficina de destino.
En el caso de las solicitudes de admisión a arbitraje aceptadas por Bankia, la entidad bancaria ofrecerá al cliente la posibilidad de suscribir un convenio arbitral para someter el litigio a la decisión de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, la cual finalmente emitirá, mediante un laudo, el dictamen correspondiente a cada una de las solicitudes presentadas.
Con respecto a las solicitudes que no se acepten, los usuarios podrán reclamar por la vía judicial ordinaria.
Durante la tramitación del expediente en la Junta Arbitral, en el supuesto de que se solicite una audiencia oral, la Dirección General de Salud Pública y Consumo pondrá al alcance de los afectados un servicio de videoconferencia para evitarles el desplazamiento en Madrid.
Además, la Dirección General ofrecerá charlas informativas a los afectados. Santiso ha expuesto que este procedimiento permitirá a los afectados una tramitación gratuita y más rápida que mediante el procedimiento jurídico, al tiempo que ha señalado que la aceptación
de este procedimiento implica que los afectados deberán admitir el laudo de la Junta, sin la posibilidad de acudir después a los tribunales.
