MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno asegura que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia los que se encarguen de cualquier refuerzo del personal de los juzgados que realiza la tramitación de las demandas por casos de comercialización indebida de participaciones preferentes.
Así se lo dice a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien, haciéndose eco de una información que citaba a fuentes del órgano de Gobierno de los jueces, criticaba que los medios de los que disponen los juzgados son "claramente insuficientes" a la luz de la "avalancha" de denuncias causadas por el caso de las preferentes.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno indica que las doce regiones con las competencias de Justicia traspasadas son las que deberán adoptar cualquier medida de refuerzo material o personal en dichos ámbitos territoriales.
Por su parte, en las regiones donde las competencias corresponden al Ministerio, hay actualmente 318 funcionarios interinos de refuerzo "por diversas y variadas causas", de los cuales 57 corresponden a la Audiencia Nacional --diez funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 40 de Tramitación Procesal y Administrativa y siete del Cuerpo de Auxilio Judicial--.
AUDIENCIA NACIONAL
Precisamente sobre un posible refuerzo en la Audiencia Nacional también pregunta la líder de la formación magenta, a lo que el Gobierno responde que la normativa vigente prevé que "cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exención temporal de reparto, el CGPJ podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio".
"Por lo tanto, es el Consejo el órgano que, una recibida la propuesta de la Sala de Gobierno y previo informe del Servicio de Inspección, aprueba la medida de refuerzo, que es remitida al Ministerio de Justicia para su autorización a efectos económicos", precisa la respuesta.
En este sentido, el 3 de abril de 2013 se autorizaron dos jueces en comisión de servicios con relevación de funciones para el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y para los Juzgados de lo Contenciosos-Administrativo, respectivamente, hasta final de año, mientras que para la jurisdicción penal la Audiencia no ha enviado "hasta el momento" ninguna solicitud de medidas refuerzo.
PRIMER TRIMESTRE DE DEMANDAS
Según el primer informe trimestral de la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, hasta el pasado 19 de julio habían acudido a la vía judicial un total de 6.487 titulares de preferentes y deuda subordinada emitida por las tres entidades nacionalizadas, reclamando un total de 435 millones de euros.
De ellos, 491 ya habían tenido una sentencia favorable en sus reclamaciones por valor de 22,75 millones de euros, que se suman a los 534.423 afectados que han recurrido a la vía arbitral para tratar de recuperar un total de 9.772 millones de euros.
