El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy un informe en el que se alerta sobre el envejecimiento de la población en los Estados miembros y sus consecuencias en el aumento en gasto público, principalmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. Los eurodiputados recomiendan que se estudie retrasar la edad de jubilación sobre una base voluntaria y piden a los Estados miembros que mantengan los niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones.
Si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población activa europea pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, y será considerablemente más vieja. Según las últimas estimaciones, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050, por lo que la proporción de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050.
El informe, aprobado con 480 votos a favor, 44 en contra y 10 abstenciones, asegura que con el mantenimiento de las políticas actuales por parte de los Estados miembros, el envejecimiento de la población conllevará un aumento del gasto público, la mayor parte en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, produciéndose el mayor incremento entre 2020 y 2040.
Para que este aumento del gasto pueda financiarse, la Eurocámara propone en primer lugar reducir el paro y aumentar la tasa de empleo, con especial énfasis entre las personas con un elevado potencial laboral, como los discapacitados, las mujeres y los mayores.
También aboga por utilizar de forma "inteligente" las nuevas tecnologías, así como mejorar los servicios de apoyo relativos al cuidado de los niños y familiares dependientes, con vistas a reducir el número de personas que trabajan a tiempo parcial de modo voluntario.
Finalmente, los parlamentarios piden que se debata a escala nacional el retraso de la edad de jubilación. En este sentido, el informe reclama que, al margen de las disparidades entre los Estados miembros en edad legal de jubilación, se aliente a los trabajadores a seguir en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma.
La Eurocámara considera que los Estados miembros deben mantener niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones, y encontrar alternativas y bases fiscales sólidas de cara a la creciente competencia a consecuencia de la globalización.
El informe insiste finalmente en la importancia de preservar los valores y principios en los que se sustentan todos los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea, que incluyen la cobertura universal, la solidaridad en la financiación, la equidad en el acceso y la prestación de una atención sanitaria de calidad, a pesar de la necesidad de un consumo racional de los escasos recursos.