MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) se ha mostrado a favor del cambio legislativo que estipulará que los consejeros independientes de las empresas cotizadas en España no puedan superar los 12 años el cargo para evitar la pérdida de independencia, según informa el organismo en un comunicado.
De esta forma, la asociación de consejeros apoya el borrador inicial de la Orden Ministerial que determinará las reglas del buen gobierno corporativo.
Entre otras razones, el IC-A recuerda que la pérdida de independencia con el tiempo de los consejeros, además de estar aceptada como un estándar en los países referentes en buen gobierno corporativo, ya fue definida en el Informe Higgs publicado en el Reino Unido en 2003, que se ha utilizado como base para un nuevo código de gobernabilidad empresarial.
Esta pérdida de independencia con el tiempo ya esta en el ordenamiento jurídico español, pero se aplica a los consejeros en los organismos reguladores. Las empresas cotizadas siempre tienen la opción de no tener consejeros independientes y explicar sus razones para no tenerlos.
Desde la promulgación del Código Unificado en 2006, donde ya se recomendaba que no podían calificarse como independientes aquellos consejeros que lo hayan sido durante 12 años seguidos, las empresas han tenido tiempo para implementar esa recomendación sin que sea traumática.
Un consejero que deje de poder ser calificado como independiente en una empresa cotizada por razón de la limitación de mandato continuado siempre puede optar a ser consejero independiente en otra compañía cotizada.
El estudio de España 2010 realizado por Spencer Stuart recoge que el 58% de los consejeros independientes de las empresas cotizadas fueron elegidos a propuesta del presidente del consejo, el 29% a propuesta de un accionista significativo y sólo el 14% (16% en el Ibex-35) a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones.
Este hecho refleja que más del 84% de los consejeros independientes de las empresas españolas han sido elegidos por un procedimiento que podría afectar a su independencia, concluye el IC-A.
