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MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado aprobó hoy el dictamen del proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), una norma que, según el Gobierno, aportará 4.000 millones de euros en "inversión inducida" y generará 50.000 puestos de trabajo, clarificando "exhaustivamente" la supresión de la conocida como "segunda licencia" autonómica por criterios económicos.
El PSOE pactó varias enmiendas con la oposición, cinco de ellas con CiU, en las que enuncia "exhaustivamente" los requisitos de naturaleza económica prohibidos para el otorgamiento de licencias, en concordancia exacta con la Directiva de Servicios, evitando la referencia a los requisitos de naturaleza económica "como un concepto jurídico indeterminado y de márgenes difundidos" como hacía el texto originalmente aprobado por el Gobierno.
De esta forma, según el senador de CiU, Ramón Alturo, se evita que la "indeterminación del concepto" condicione la legislación de las Comunidades Autónomas o la aplicación material de esta legislación, en eventuales cuestiones de constitucionalidad de los recursos contenciosos administrativos.
Hasta ahora la Lorcomin eliminaba con carácter general la concesión de la "segunda licencia" por criterios económicos, y fijaba que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico, a los que ahora se suman los dos anteriores.
ABASTECIMIENTO EN UN ENTORNO DE PROXIMIDAD
El nuevo texto, que todavía tendrá que ser refrendado por el Pleno de la Cámara Alta, modificando también aspectos referentes al comercio de proximidad garantizando a los comerciantes de venta ambulante la continuidad y la amortización de sus inversiones, al tiempo que clarifican los procedimientos de otorgamiento de licencias y se reconoce a las comunidades autónomas como "autoridad competente" para registrar las empresas franquiciadoras.
Asimismo, señala que las autoridades competentes facilitarán el abastecimiento de toda clase de productos en un entorno de proximidad, atendiendo los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos. Asimismo, se hará especial atención a aquellos ciudadanos que por determinadas circunstancias tienen dificultades de desplazamiento.
VENTA AMBULANTE
En lo referente a la venta ambulante, se suprime la caducidad en dos años de todas las licencias otorgadas hasta ahora, circunstancia que preveía el texto de proyecto de Ley y que, de haberse mantenido, "hubiera puesto en peligro la viabilidad económica de la actividad de muchos de estos comerciantes", según Alturo.
El nuevo texto transaccionado con la federación catalana prorroga automáticamente las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y reconoce las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para regular los plazos de vigencia.