MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de censar todos los edificios con amianto instalado que existen en España así como de crear un plan para su retirada y un fondo de compensación para las personas afectadas por exposiciones laborales y ambientales a este producto.
En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Empleo, los nacionalistas catalanes lamentan la escasa relevancia que los casos de cáncer de origen laboral tienen en España, como demuestra el que el nivel de reconocimiento de la enfermedad con origen laboral sea "bajísimo y no se corresponda con la realidad", ya que "un significativo porcentaje de los tumores tiene un origen laboral" a pesar de que en su mayor parte son "prevenibles".
Para ello sería necesario "identificar la presencia en las empresas de los agentes cancerígenos o causantes de la enfermedad, eliminándolos, evaluando el riesgo de los que no se puedan eliminar, adoptando medidas preventivas colectivas e individuales, formando e informando a los trabajadores y realizando la vigilancia de la salud específica a los riesgos identificados".
Por eso, CiU aboga por que el Estado y las comunidades autónomas trabajen conjuntamente en actualizar y ampliar el listado de enfermedades profesionales teniendo en cuenta "las últimas evidencias científicas", modificar la normativa para "reducir y limitar" la exposición y el riesgo de los alucinógenos ocupacionales, fomentar la investigación sobre la exposición a cancerígenos laborales, e impulsar un programa de control e inspección sobre la aplicación del reglamento REACH.
EL AMIANTO, UN CASO ESPECIAL
Y en relación con el caso concreto del amianto, proponen crear un censo de edificios en los que haya presencia de este elemento para estudiar cómo retirarlo. Además, los nacionalistas catalanes creen que los trabajadores afectados por mesiotelioma pleural que puedan demostrar que han trabajado en empresas con riesgo de amianto --incluso aunque no estén incluidas en el registro de estos edificios-- vean reconocida automáticamente la contingencia profesional.
Asimismo, Convergència i Unió cree que sería necesario crear un Fondo de Compensación para las personas afectadas por exposiciones laborales y ambientales al amianto, similar al que ya existe en Francia; así como apoyar en todas las instancias internacionales las iniciativas de prohibición mundial de este elemento.
En línea con estas medidas, reclaman que se incluya la sílice cristalina en la lista de sustancias, preparados y procedimientos del decreto sobre la Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo; y que se fortalezca la normativa de prevención de la silicosis y se posibilite el reconocimiento de esta dolencia en su grado 1 como enfermedad invalidante.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En relación con la prevención de los riesgos laborales en el más amplio sentido, CiU valora que el Ejecutivo esté ya trabajando en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020 para "continuar reduciendo la siniestralidad laboral y fomentar la gestión preventiva". "A pesar de los avances conseguidos (en esta materia) todavía queda mucho por hacer", recuerda.
Sin embargo, también subraya que el marco de intervención en esta materia en el caso de Cataluña es "prácticamente completo y casi autónomo", algo que "debería tenerse en cuenta" a la hora de redactar la nueva estrategia, que a su juicio "no debería considerar únicamente a la Inspección de Trabajo sino al conjunto de inspecciones" autonómicas y debería también "establecer y garantizar una distribución de recursos suficientes" entre las comunidades autónomas.
"Es importante apostar decididamente por la ejecución de políticas públicas de proximidad a la realidad empresarial, económica, social y laboral de cada territorio, con pleno respeto a las competencias ejecutivas que en esta materia tienen los gobiernos de las comunidades autonómicas. Para ello es fundamental potenciar la participación de los agentes implicados en la prevención de los riesgos laborales en los distintos territorios, y que las administraciones (regionales) cuenten con recursos suficientes", insiste la formación.
Por ello, en su iniciativa aprovechan para emplazar al Ejecutivo a aprobar e impulsar la entrada en vigor cuanto antes de la Estrategia 2014-2020, "contando con la colaboración y el acuerdo de los interlocutores sociales y de los gobiernos autonómicos", y a garantizar la financiación suficiente para alcanzar los objetivos marcados.
Asimismo, exigen que antes de que se apruebe este programa de trabajo el Ministerio de Empleo presente ante la comisión parlamentaria del ramo el balance de la estrategia correspondiente a los años 2007-2012 para su debate.
