El Comité Español de Representantes de Personas con Dicapacidad (Cermi) será el encargado, junto al Defensor del Pueblo, de realizar el seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como indica el Real Decreto de adaptación normativa a la Convención, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

   El CERMI ya venía ejerciendo esta función por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad que lo designó como mecanismo independiente de seguimiento en el año 2007, pero con este real decreto ese estatus queda consolidado al establecerse en una disposición jurídica de rango reglamentario.

   La disposición adicional primera del real decreto aprobado hoy designa los mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar en España la citada Convención Internacional, que son el Defensor del Pueblo y el CERMI.

   En concreto, la nueva norma establece que "sin perjuicio de las funciones del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos, y a los efectos del número 2 del artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" se designa "al CERMI, en tanto que asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España del citado Tratado internacional."