LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado imponer 36 años de cárcel para dos hombres y 27 años de prisión para otros tres, acusados de transportar a 60 inmigrantes a bordo de una patera que arribó el 3 de septiembre de 2008 al sur de Gran Canaria, de los que 46 sobrevivieron en compañía de los cadáveres de 13 compañeros de travesía y otro cuerpo fue hallado en el mar.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá el próximo jueves día 14 el juicio contra M.D., M.S., F.A., B.C. y C.G., acusados de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 14 supuestos delitos de homicidio imprudente, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal recuerda en su escrito que sobre las 08.10 horas del día 3 de septiembre de 2008 fue interceptada una patera con 60 inmigrantes a bordo a dos millas náuticas al sur del muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, por la patrullera de la Guardia Civil 'Almirante Díaz Pimienta'.
Dicha embarcación había salido de algún punto cercano a las costas de Noadhibou, en Mauritania, siendo los patrones de ésta los acusados M.S., natural de Sierra Leona, F.A. y M.D., ambos de Senegal, B.C., de Camerún, y C.G., de Gambia. Todo ellos en situación irregular en España y en prisión provisional por esta causa desde el 6 de septiembre.
Según el Ministerio Público, los acusados se valieron de sus conocimientos de navegación y patronearon durante cinco días dicha patera "con una clara intención de introducir clandestinamente ciudadanos extranjeros en territorio español". Concretamente "pretendían introducir a 60 inmigrantes, uno de ellos menor de edad al contar con 15 años, todos indocumentados y que habían pagado diversas cantidades de dinero antes de partir de Noadhibou".
LLEVABA LAS COORDENADAS EN UN PAPEL PLASTIFICADO
La Fiscalía sostiene que los acusados M.D. y M.S. eran los máximos responsables de la patera, llevando tanto el motor como el rumbo de la embarcación con el GPS que portaban de acuerdo a las coordenadas que el acusado M.D. llevaba apuntadas en un papel plastificado. Asimismo, el acusado M.D. mantenía el orden "férreamente" dentro de la embarcación. En las labores de patroneo y reparto de comida ayudaban a los dos anteriores los otros acusados.
La referida embarcación es empleada en las costas mauritanas para la pesca de bajura, totalmente inadecuada para el transporte de personas en una travesía desde el continente africano hasta canarias. Por tanto, carecía de las mínimas condiciones de seguridad, de algún instrumento que sirviera para comunicarse con el exterior en caso necesario, así como de chalecos salvavidas para todos los viajeros o cualquier otro elemento que permitiera prevenir cualquier contingencia que pudiera presentarse, poniendo así en !grave peligro" la vida de sus ocupantes.
ALGUNOS BEBIERON AGUA DEL MAR
Asimismo, la embarcación no fue pertrechada con suficiente agua y comida para todos sus pasajeros, de manera que al segundo día de travesía faltaron los víveres y el agua, teniendo que beber algunos inmigrantes agua del mar y no pudiendo comer ni beber agua dulce durante dos días.
Como consecuencia de la dura travesía a la que fueron sometidos por los acusados, los inmigrantes sin agua, sin comida y con entrada continua de agua en la patera --que debía ser achicada por los propios inmigrantes ya extenuados-- llegaron en la patera 13 personas fallecidas, seis murieron al sufrir un síndrome hipodérmico asociado a la deshidratación, seis ahogados y otra persona por una parada cardiorrespiratoria. Todas las muertes acontecieron 24 o 48 horas antes del día 4 de septiembre de 2008.
Asimismo, como consecuencia de las duras condiciones del viaje falleció un inmigrante cuya muerte violenta fue causada por una parada cardiorrespiratoria y que fue arrojado al mar antes de ser rescatada la patera por la Guardia Civil. Su cuerpo apareció flotando en el mar a siete millas náuticas del Puerto de Aguineguín el día 3 de septiembre de 2008.
Por todo ello, la Fiscalía pide imponer a M.D. y M.S. 8 años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos años de prisión por cada uno de los delitos de homicidio imprudente (28 años de cárcel).
Además, solicita para F.A., B.C. y C.G. la pena de seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un año y seis meses de cárcel por cada uno de los homicidios imprudentes.
