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Maroto reclama también que el requisito de empadronamiento se eleve de tres a diez años
VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha propuesto modificar la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para excluir de esta prestación a las personas inmigrantes sin permiso de residencia y todos aquellos ciudadanos, incluidos los autóctonos, que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social, una medida que --según ha reconocido-- impediría acceder a esta ayuda a jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran trabajo. Maroto también ha pedido que el requisito de antigüedad en el padrón se eleve de tres a diez años.
Maroto, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Vitoria, ha anunciado este miércoles que el PP trasladará estas propuestas al Parlamento vasco, institución en la que recaen las competencias para una eventual modificación de la ley que regula la RGI.
El alcalde de la capital alavesa ha planteado estas medidas después de sus reiteradas denuncias de los últimos meses sobre los supuestos abusos que determinados colectivos de inmigrantes harían de las ayudas sociales.
Maroto, que este pasado verano afirmó que los marroquíes y argelinos "viven de las ayudas y no quieren trabajar", está siendo investigado por la Fiscalía, ante la posibilidad de que sus mensajes en torno a este asunto puedan ser constitutivas de un delito tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal. Este supuesto penal se refiere a casos en los que se difundan "informaciones falsas o que no corresponden a la realidad, dirigidas a generar una situación de discriminación a unos colectivos por su origen nacional".
"ESTIGMATIZAR"
El alcalde de Vitoria, que este martes se ha reafirmado en todas sus declaraciones previas en torno a este tema, ha asegurado, no obstante, que "a la hora de atribuir culpabilidades hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que estigmatiza". En este sentido, ha asegurado que "el problema real" es que existe una normativa que permite los "abusos".
El alcalde de Vitoria ha planteado siete cambios concretos en la normativa que regula la RGI, una prestación económica destinada a las personas sin recursos. Todos los cambios, según ha precisado, no afectarían a las personas que, a través de esta ayuda, reciben un complemento para sus pensiones.
En primer lugar, Maroto ha planteado que las personas inmigrantes sin permiso de residencia no puedan acceder a la RGI, al entender que este colectivo se "perpetúa" en la recepción de esta ayuda "como un sueldo vitalicio", porque no puede acceder a un trabajo debido a su situación administrativa irregular.
Por otra parte, ha propuesto que la exigencia de una antigüedad mínima de registro en el padrón en Euskadi se eleve hasta diez años para poder acceder a la RGI, puesto que esta ayuda "no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla".
ALTERNATIVAS
Maroto ha sido preguntado acerca de qué alternativas propone para garantizar unas mínimas condiciones de vida a estas personas que quedan excluidas de la RGI y que no tiene posibilidad de acceder al mercado de trabajo. El alcalde no ha concretado qué medidas adoptar ante estos casos, pero ha recordado que en otros países se procede a la "expulsión" de las personas inmigrantes que llevan seis meses sin trabajar.
Otra de sus propuestas es que para poder acceder a la RGI, toda persona --sea ésta de origen autóctono o extranjero-- deba haber contribuido a la sociedad con un trabajo previo". Maroto ha reconocido que esta medida excluiría a personas de nacionalidad española que perciben esta renta y que nunca han tenido un empleo, así como a los jóvenes que terminan sus estudios y que no encuentran un trabajo. "Un estudiante que termina la Facultad no puede cobrar la RGI directamente", ha manifestado.
En este sentido, el alcalde de Vitoria ha denunciado que "es un abuso que haya preceptores en edad de trabajar que, sin embargo, no han trabajado nunca". Esta propuesta, no obstante, no sería aplicable a personas discapacitadas o con enfermedades crónicas.
DELITOS
En caso de que prosperaran sus propuestas, tampoco podrían recibir la RGI las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la vida y la integridad de las personas, el tráfico de drogas, contra la libertad sexual, la violencia de género y contra el patrimonio. A preguntas de los periodistas, el alcalde ha aclarado que esta medida estaría en vigor tan sólo durante el tiempo de duración de la condena.
Asimismo, propone modificar el tratamiento del patrimonio "para no generar desigualdades con la aplicación de la normativa". Otras de sus propuestas son que los perceptores de RGI no puedan enviar remesas de dinero procedente de esta ayuda al extranjero y que se garantice que quienes reciban estas ayudas realicen trabajos "en beneficio de la comunidad".
