MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado este jueves en el Congreso que el decreto ley Antidesahucios "no paraliza ningún desahucio", sino que sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y el que las familias se queden sin casa, y ha acusado al Gobierno de aprobar esta norma para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de viviendas.
Así lo ha expresado la diputada durante el debate de convalidación del decreto ley, contra el que los socialistas votarán además de presentar una enmienda de totalidad con una propuesta alternativa para hacer frente a asuntos como los intereses de demora, las quitas o los porcentajes de adjudicación de las viviendas a los bancos para que a los ciudadanos no les quede deuda pendiente.
"Hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, que critica que hay demasiadas excepciones que pueden generar desigualdades entre circunstancias muy similares.
MORATORIA GENERAL
Por eso, el PSOE reclama una "moratoria real que suspenda los procedimientos y alcance a todos los deudores de buena fe", dando tiempo a las instituciones a acometer una reforma más profunda de la normativa de embargos, desahucios, lanzamientos hipotecarios, subastas, tasación o intereses de demora, con el objetivo último de que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda".
"Tenemos la responsabilidad de tomar medidas en un momento en que las entidades financieras están siendo ayudadas por todos a cambio de importantes créditos que vamos a pagar los españoles. Tenemos que decir a los ciudadanos que habrá también una parte de ese esfuerzo para poder renegociar sus hipotecas, y con eso lanzaríamos un mensaje claro de que se reparten los costes de la crisis de forma equitativa", ha abundado Rodríguez, recordando que las promotoras y constructoras sí se han podido acoger a la dación en pago.
Sobre todo ante la evidencia de que los problemas del sector financiero no se derivan de los impagos de hipotecas, que apenas alcanzan el 3% de los casos, sino de las inversiones de riesgo en el sector inmobiliario que han llevado a cabo las entidades bancarias durante los últimos años.
HAY QUE PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS
Ante estos razonamientos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha instado a la oposición a que, más allá de sus propuestas, piensen en las consecuencias a medio y largo plazo que podrían tener. "Hay que pensar que a futuro queremos que continúe habiendo crédito para la adquisición de viviendas", ha puntualizado.
"Cuando se está en el Gobierno se tienen que tener en consideración todas las consecuencias de las medidas que se toman, más allá de los objetivos a corto plazo. Muchas veces el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones", ha dicho, insistiendo en que "hay que tener en cuenta las consecuencias insospechadas a futuro" para "no generar problemas adicionales".
Además, ha abogado por "mejorar el aparato estadístico para evitar la demagogia" sobre este tema, alegando que la información que existe sobre desahucios es imprecisa. "Estamos dispuestos a incluir en el Plan Estadístico Nacional más información, porque a partir de ahí podremos delimitar el problema y actuar correctamente", ha añadido.
En cualquier caso, Guindos ha insistido en que está dispuesto a hablar con la oposición de los temas que más preocupan --transparencia en la comercialización de hipotecas, intereses de demora, etc.-- durante la tramitación parlamentaria del proyecto, pero ha insistido en que era necesario "abordar los casos más urgentes" para que esas familias "no pierdan su techo" mientras se llega a acuerdos.
