PSOE cree que la nacionalidad o el aborto muestran los "complejos" de Gallardón, quien no sabe lo que significa para una mujer abortar
MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha revelado que 278.000 ciudadanos extranjeros han adquirido la nacionalidad española durante la actual legislatura y ha echado en cara a los socialistas su "pasividad" a la hora de tramitar estos expedientes.
"¿Por qué no lo hacían ustedes, me va a decir que por ser incapaces y por ineficacia administrativa? ¿No será porque, debajo de ese discurso demagógico suyo, había una falta de voluntad de que esos ciudadanos cumpliesen sus derechos y pudiesen ser españoles?", ha cuestionado.
Gallardón se ha pronunciado así durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja y en respuesta a la pregunta planteada por la diputada socialista Soledad Pérez sobre sus intenciones a la hora de reformar la legislación en materia de nacionalidad.
El titular de Justicia ha aprovechado esta cuestión para exponer las cifras con las que se encontró cuando llegó al frente de Justicia y que alcanzaban a 400.000 expedientes de nacionalidad sin resolver. "Me encontré 30 millones de páginas de papel acumuladas por el Gobierno anterior sin resolver", ha apostillado.
Según ha dicho, durante el mandato del Gobierno socialista se resolvía una media de 120.000 expedientes al año, pero entraban en el Ministerio hasta 155.000 documentos, por lo que cada ejercicio se acumulaban 30.000 expedientes de nacionalidad sin resolver.
Frente a "esa pasividad", ha dicho, el Ejecutivo 'popular' ha puesto en marcha un plan que ha logrado la tramitación del 82 por ciento de los expedientes, de los cuales el 54 por ciento han sido resueltos. "Desde que este ministro ocupa el puesto 278.000 ciudadanos extranjeros han adquirido la nacionalidad española y en junio estarán resueltos los 400.000 que no fueron capaces de resolver", ha añadido.
En todo caso, Gallardón ha asegurado que las causas de pérdida de nacionalidad se ajustarán a las disposiciones recogidas en el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad suscrito en Estrasburgo en 1997, mientras que la normativa también tendrá en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo sobre la integración y el arraigo de los nacionalizados.
Será, por tanto, un sistema "homologado" a los países europeos y encaminada a introducir una mayor eficacia y claridad en un procedimiento que, a su juicio, es "claramente mejorable" por la divergencia de resoluciones según cada encargado del Registro Civil. "Queremos unificarlo", ha dicho.
"LÍO MONUMENTAL" DE GALLARDÓN
Ante el Pleno del Congreso, la socialista Soledad Pérez le ha instado a "negociar" con el principal grupo de la oposición y se ha mostrado preocupada por los motivos que baraja el Ministerio para que un extranjero pierda la nacionalidad, entre ellas por razón de orden público o por ocupar un cargo político en otro país. Los españoles de origen en ningún caso pueden perderla por mandato constitucional.
"Afectarían a dos millones de españoles, que estarían condenados a perderla por participar en política en sus lugares de residencia.
¿Significaría eso que podría privar de la nacionalidad española al alcalde de Río de Janeiro, ciudad que organizará las Olimpiadas?", ha preguntado la parlamentaria, para calificar esta medida de "injusta" y "poco inteligente".
Dicho esto, la socialista ha aprovechado para cargar contra los "prejuicios" y "complejos" mostrados, en su opinión, por Gallardón, quien se ha "metido en todos los jardines, no sabe salir de ellos y tiene un lío monumental en su Ministerio".
En este sentido, se ha referido a la reforma de la Ley del Aborto para advertir de que el peligro sobre la vida para la madre "nunca ha sido un pretexto", sino "un supuesto legal avalado por el Tribunal Constitucional". "No sabe usted ni lo sabe Rouco lo que puede significar para una mujer tomar una decisión como ésta", ha remachado.
Ha concluido su intervención ante el Pleno del Congreso pidiendo "prudencia" al Gobierno e instándole a abandonar "barbaridades" que no son compatibles con un Estado de Derecho.
