CARTAGENA (MURCIA), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Representantes de las asociaciones de defensa de las personas con discapacidad de la Región de Murcia se han reunido este viernes, en la Asamblea Regional, con los diputados miembros de la Comisión de Sanidad y Política Social para hacerles llegar su satisfacción por la inminente creación de una Comisión Especial de la Discapacidad y exponer sus reivindicaciones.
El encuentro ha estado arropado con la presencia del presidente nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo; y la presidenta de la Comisión Especial de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez.
Violante Tomás, actual presidenta de la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea, ha dirigido esta reunión en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad tanto de los diputados como de las asociaciones de defensa de las personas con discapacidad de dotar de contenido y eficacia a esa futura comisión especial, cuya propuesta de creación obtendrá el respaldo unánime del Parlamento regional en la sesión plenaria del miércoles, 28 de marzo.
La bondad de crear una comisión parlamentaria dedicada específicamente a este colectivo ha sido avalada con cifras por los representantes de Cermi.
En concreto, las personas con discapacidad suponen el 9 por ciento de la población tanto a nivel regional como nacional, lo que representa que uno de cada cuatro hogares españoles y murcianos se ve afectado por estos temas.
Conscientes de la crisis económica, los representantes de este colectivo han anunciado que llevarán a la Comisión toda una cartera de demandas para seguir avanzando en las políticas de integración de estas personas que, a su juicio, no suponen gasto alguno.
Entre éstas destaca la exigencia del cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por ciento de la plantilla, a aquellas empresas que pretendan contratar con la Administración Pública; la reserva del cinco por ciento de los contratos a los Centros especiales de empleo o la mejor aplicación de la llamada Ley de Dependencia que, a su juicio, no tiene en cuenta la especificidad y diversidad de los discapacitados.
La accesibilidad y una educación inclusiva son otras de las reivindicaciones de un colectivo que ve en la Comisión especial de Discapacidad el interlocutor "idóneo" para canalizar sus demandas, según fuentes del Parlamento autonómico.
