MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización conservacionista WWF España ha pedido al Gobierno de España que trasponga la legislación europea para poner fin al comercio de madera de origen ilegal que ayer entró en vigor en la Unión Europea y al conjunto de los Veintisiete que se tomen en serio la aplicación del Reglamento de madera de la UE en este sentido.
La normativa pide a los operadores importadores o productores de madera, así como a los productos derivados de ella que identifiquen su país de origen y aporten pruebas de su legalidad.
A este respecto, la ONG aplaude la puesta en marcha de esta legislación, la primera de este tipo en Europa, porque supondrá "un gran paso" para acabar con el comercio ilegal de madera de origen ilegal.
Por ello, pide a los Estados miembro de la Unión Europea que la apliquen adecuadamente para garantizar su efectividad. En este contexto, la ONG señala que después de dos años de preparación para esta normativa, algunos países de la UE, entre ellos España no están suficientemente preparados para la introducción de la nueva Ley.
Concretamente, a día de hoy, se desconoce qué países han desarrollado a tiempo la legislación nacional necesaria para dar cobertura al Reglamento EUTR, incluido el régimen sancionador.
Según WWF, en España el Reglamento de la Madera ha entrado en vigor sin que exista una legislación al respecto a escala nacional y sin que se haya establecido cómo se va a asegurar, a nivel nacional y autonómico, la correcta aplicación del Reglamento.
La ONG subraya que es "esencial" que se designen autoridades nacionales competentes para supervisar la aplicación de la ley y que estas estén suficientemente preparadas, lo que supone contar con personal suficiente y fondos para asegurar controles anuales a los operadores.
Para el responsable de Política Forestal de la oficina europea de WWF, Anke Schulmeister, la introducción del EUTR fue una "decisión relevante por parte de las instituciones de la UE, pero carece de significado si no se convierte en una ley fuerte a nivel nacional", pero si las autoridades nacionales designadas no tienen la capacidad de aplicar de forma adecuada la legislación, "todo el sistema se desmoronará".
En este sentido, el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, destaca que hay tiempo aún para evitar que España se convierta en un país que pone trabas a la aplicación efectiva de este reglamento y ha manifestado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como autoridad competente, ha de trasponer "cuanto antes" el Reglamento a la legislación nacional, desarrollando un sistema de sanciones y penas consistente, y asegurando que exista capacidad para poner en marcha un método efectivo de controles sobre los operadores.
