Actualizado 17/04/2013 20:34

Romeva (ICV), Miranda (BNG) y Meyer (IU) proponen a la PAH candidata al premio Ciudadano Europeo 2013 del PE

BRUSELAS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados Raül Romeva (ICV), Ana Miranda (BNG) y Willy Meyer (IU) han presentado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como candidata al premio Ciudadano Europeo 2013 que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a su compromiso social en defensa de los miles de afectados en España por procesos de desahucio.

Los eurodiputados han defendido su candidatura al galardón, que concede todos los años la Eurocámara para personas que han destacado por su compromiso en la defensa de los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE por su "extraordinario compromiso social" para defender a miles de familias afectadas por los procesos de desahucios, que se han convertido en un drama "cotidiano" en España, según han informado en un comunicado.

Romeva ha defendido que "el Parlamento Europeo debe situarse junto al 99% que está sufriendo esta crisis y otorgar a la PAH el premio Ciudadano Europeo 2013".

"Nosotros tenemos el compromiso de acabar con el drama de los desahucios se acabe, en Catalunya, en España y en Europa, por eso desde Europa debemos terminar con la perversión de salvar bancos que dejen a las personas sin vivienda", ha explicado el eurodiputado, que ha considerado "crucial" promover "medidas como la dación en pago, el alquiler forzado de viviendas vacías y frenar todo proceso de desahucio hasta que no se resuelva la ley hipotecaria española".

En la nota, los eurodiputados recuerdan que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en una sentencia el pasado 14 de marzo que la ley hipotecaria española "incumple la Directiva 93/13/CEE, al no ofrecer un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de su contrato de préstamo para poder detener un desahucio" y rechaza que "una persona sea condenana a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal".

LECCIÓN AL GOBIERNO DE LA PAH

Miranda ha defendido por su parte que la PAH "está dando una lección al Gobierno mostrándole que la prioridad tiene que ser atender a las personas" y ha denunciado que "la negativa del PP a aceptar la dación en pago es una muestra más de que no busca una solución real al problema, sólo fingir cambios legislativos, básicamente empujado por la sentencia de la UE".

"Resulta incomprensible destinar millones de euros a rescatar entidades bancarias, que han jugado un papel clave en la crisis, mientras miles de familias se quedan sin vivienda", ha insistido.

Meyer también ha descatado por su parte la importante labor de la plataforma ciudadana para luchar "contra una de las graves consecuencias de un sistema económico injusto y un Gobierno que, en vez de escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, busca mantener intactos los privilegios de la casta financiera que ha provocado la crisis económica que actualmente padece la clase trabajadora europea".

Por ello, ha defendido que para IU el galardón supone "una oportunidad para que el Parlamento Europeo apoye los valores democráticos, la movilización y participacíón social, frente a la política de criminalización y represión del Gobierno PP".

Sólo en el 2012, la banca española se ha quedado con 30.034 primeras viviendas por impago de hipotecas --lo que supone que cada 15 minutos se produce un desahucio--, según un estudio del Colegio de Registradores de España mientras que un 20% de las viviendas están vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística, recuerdan los eurodiputados en la nota.

Los eurodiputados han criticado que gran parte de estos desahucios son ejecutados además por Caja Madrid, Banjaca, Catalunya Caixa y NovaGalicia Banco, "los mismos" bancos recapitalizados con el préstamo acordado por la UE para el sector bancario español de 37.000 millones de euros.

La PAH presentó en el Congreso recientemente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por un millón y medio de firmas ciudadanas a favor de la dación en pago, que rechaza el Gobierno.