MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha suscrito un acuerdo con la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) por el que se repartirán instrucciones a los ayuntamientos con "líneas de trabajo" para evitar casos de discriminación.
Según ha informado este departamento, se trata de una 'Propuesta metodológica para el trabajo contra la discriminación en el ámbito local' redactada entre la Dirección General de Igualdad y la propia FEMP con una recopilación de la base legal nacional e internacional sobre el tema "para plantear nuevas líneas de actuación".
La Directora General de Políticas de Igualdad y del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, y el Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández, han enviado una carta a los Entes Locales para informarles de la publicación de este texto que, según Sanidad, "pretende erigirse en referencia contra la discriminación por sexos, por edad o por raza en España".
"Existe en nuestros pueblos y ciudades la voluntad de construir un futuro integrador y respetuoso con la diversidad", señalan Carmen Plaza y Ángel Fernández en la misiva remitida a los Entes Locales, para incidir en que este documento "puede contribuir a la construcción de espacios de convivencia en los que se garantice el disfrute efectivo de los derechos de todas las personas y se combata toda clase de discriminación".
La guía, que define la discriminación "como cualquier trato diferenciado menos favorable hacia personas, colectivos u organizaciones, basado en motivos ilegítimos", define dichas motivaciones teniendo en cuenta los motivos primarios, como la orientación sexual, y los transversales, como la diferencia de género. Además, acota conceptualmente el marco en el que se desarrollan las actitudes discriminatorias.
Junto a la conceptualización y la recopilación normativa, el documento incluye una definición de las claves para el desarrollo de políticas locales contra la discriminación, que se centran en la sostenibilidad de dicha política a partir de la institucionalización del problema, la dotación de recursos, la consecución de un consenso, la generación de infraestructura y la autoridad de quienes la ejerzan.
Asimismo, enseña a los ayuntamientos las claves para realizar estudios sobre discriminación, detectar casos y diagnosticar la situación, elaborar planes de trabajo contra este fenómeno, diseñar y poner en marcha iniciativas de sensibilización y activar campañas de prevención.
