Actualizado 25/07/2018 11:49

El Consejo de Transparencia supera las 360 resoluciones hasta junio, el triple que en el primer semestre de 2017

Reunión de la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia de Andalucía
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La autoridad de control dicta 289 resoluciones de derecho de acceso a información pública y 72 de denuncias de publicidad activa

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado en los seis primeros meses del año un total de 361 resoluciones correspondientes tanto a reclamaciones de derecho de acceso a información pública (289) como a denuncias de publicidad activa (72), cifra que triplica los dictámenes emitidos en el mismo periodo del año anterior.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Manuel Medina, durante una nueva sesión de la Comisión Consultiva, que se reúne con carácter trimestral para analizar los datos del órgano y abordar diferentes informes a anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones de carácter general.

Según informa el propio Consejo en un comunicado, Medina ha destacado que "los asuntos se están resolviendo a buen ritmo, siendo un elemento importante de ello la incorporación del nuevo personal al Consejo a partir de octubre de 2017, cuando la Relación de Puestos de Trabajo en el Área de Transparencia se vio completada".

No obstante, Medina ha reconocido que "aún queda mucha tarea por hacer, puesto que la ciudadanía continúa presentando muchas reclamaciones y denuncias ante el Consejo y todavía existe una cartera de asuntos pendientes de resolución".

En relación al número de asuntos registrados en el primer semestre del año, alcanzaron un total de 516 (253 reclamaciones de derecho de acceso a información y 263 denuncias de publicidad activa), cifra que representa un incremento del 20 porciento con respecto al mismo periodo del año anterior (433).

AUMENTAN LAS CONSULTAS SOBRE ENTIDADES LOCALES

Según el Consejo, la tendencia de los últimos trimestres revela un mayor nivel de exigencia en transparencia a las entidades locales en detrimento de la Junta de Andalucía, situación que se está consolidando. Tanto es así que el 78 por ciento del total de asuntos registrados corresponde a entidades locales, frente al 19 por ciento que representa la Junta de Andalucía.

Por otro lado, la Comisión Consultiva informó favorablemente el proyecto de decreto de asunción de competencias en materia de protección de datos por parte del Consejo, "un texto que supone un paso firme para el inicio del ejercicio de esta competencia", ha precisado Medina.

De la misma forma, la Comisión tuvo la oportunidad de conocer el desarrollo del Plan de Control e Inspección de Publicidad Activa, cuyas primeras actuaciones ya se están llevando a cabo para verificar las disposiciones publicadas en los boletines oficiales de la comunidad y las provincias y revisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los beneficiarios de subvenciones superiores a 100.000 euros, así como de las universidades públicas andaluzas, entre otras actuaciones.

Además, también se aprobaron los informes al proyecto de decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y al proyecto de orden por la que se regula la clasificación de los centros deportivos de rendimiento de Andalucía y se establece el procedimiento para su calificación y autorización

La Comisión Consultiva está compuesta por el director del Consejo de la Transparencia, el secretario general y 14 miembros en representación de administraciones, Parlamento, universidades, consumidores, sindicatos y empresarios, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, nombrados por la Consejería de la Presidencia y Administración Local, a propuesta de las propias organizaciones.

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.