SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía abonará en 20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, las facturas de proveedores de servicios vinculados a salud, educación y servicios sociales, con el fin de proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios.
Asimismo, establecerá procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito. Según explica la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, esta medida permite que "el proveedor cobre su deuda con cargo a esa entidad financiera, entidad que será la que posteriormente mantenga la deuda con la Junta de Andalucía".
Así se recoge en el decreto aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno que establece la garantía de los tiempos de pago de la Administración autonómica y sus entidades instrumentales, según ha indicado la consejera, quien resalta que esta norma es "pionera" e "innovadora" en el conjunto del Estado y va "más allá" de la normativa estatal.
Montero valora que "se pretende proteger los servicios esenciales y fundamentales y las nóminas de los contratos de los que dependen este tipo de servicios en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, justicia gratuita o el pago a ayuntamientos y otros entes en las áreas sociales".
"Se quiere impedir que estas actividades sufran retrasos en sus pagos por tensiones de liquidez de la Administración y que esta no sea una excusa para que no se le pague a estos trabajadores", ha aseverado Montero.
El nuevo plazo de 20 días también será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.
La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).
En el ámbito educativo, la medida supondrá agilizar los abonos relativos a la reparación, mantenimiento y conservación de edificios docentes públicos, así como al programa de gratuidad de libros de textos, aula matinal, transporte escolar, comedores, becas y ayudas al estudio, conciertos docentes y gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros de educación Infantil, enseñanza obligatoria o Formación Profesional.
En los servicios sociales, el pago a 20 días beneficiará a la atención a la dependencia y la infancia, la asistencia jurídica gratuita, el plan sobre drogodependencias o la protección contra la violencia de género.
El decreto prevé asimismo la adhesión de las universidades públicas andaluzas al sistema de garantías así como la ampliación gradual de los ámbitos en los que se establecerán plazos máximos para el abono de facturas.
Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas. Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.
OFICINA DE ATENCIÓN A ACREEDORES
Asimismo se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, "el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura", ha explicado Montero.
Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.
La Oficina de Atención a Personas Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas. Este informe será trasladado al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz.
REDUCCIÓN DE 14 DÍAS
La Junta de Andalucía gestiona cada año más de un millón de obligaciones, de las que más del 80 por ciento se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos.
Desde su implantación en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la grabación de las facturas, una reducción que también se ha trasladado a la gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de los importes, con el consiguiente beneficio para los proveedores de la Junta.
En 2016, la Junta realizó pagos por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz. El 76 por ciento de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia.
Montero ha explicado que el periodo medio de pago a los proveedores (PMP) se situó en 14,07 días en el mes de noviembre en la comunidad andaluza, una cifra que reduce a la mitad el máximo de 30 días fijado por la normativa de morosidad y que pone de manifiesto "el esfuerzo de la Junta para acortar los plazos en el abono de facturas". A lo largo del pasado ejercicio, el PMP de la Junta acumuló una reducción de 24,47 días.
De esta forma, la consejera valora que actualmente Andalucía "es la comunidad autónoma de régimen común que mejor paga a sus proveedores".
