Denuncian que la orden de Empleo es "tremendamente regresiva y restrictiva" y persigue "limitar el derecho fundamental a la huelga"
BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS, convocantes de la huelga general del 27 de enero contra la reforma de las pensiones, han denunciado que los servicios mínimos impuestos por el Gobierno vasco son "abusivos e incumplen las sentencias ganadas por los sindicatos tras las últimas huelgas".
En un comunicado, han calificado la orden de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan los servicios mínimos tendentes a garantizar los servicios esenciales que se han de prestar durante la huelga general convocada para el 27 de enero, como "tremendamente regresiva y restrictiva" para "limitar, una vez más, el derecho fundamental a la huelga".
Los sindicatos habían exigido el acatamiento de las últimas sentencias ganadas tras recurrir los servicios mínimos de anteriores huelgas. Estos recursos, según han recordado, se presentaron ante el carácter "abusivo y la falta de motivación suficiente" en varios de los servicios mínimos impuestos por el Departamento de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco en las huelgas de 21 de mayo de 2009 y 25 de mayo de 2010.
A juicio de las organizaciones sindicales convocantes, esta orden, de nuevo "hace oídos sordos a dichas sentencias y establece límites, más allá de lo razonable, al ejercicio del derecho fundamental y persigue desactivar e impedir en la medida de lo posible la huelga que quiere hacer frente a las duras medidas que el gobierno nos quiere imponer".
En ese sentido, han denunciado que "se rompe el acuerdo que históricamente se había alcanzado en los servicios mínimos para el ámbito de la sanidad, ya que de manera incomprensible, se incrementan los servicios mínimos para la atención primaria en un 20 por ciento".
Del mismo modo, han señalado que en el sector del transporte se establece un porcentaje del 30 por ciento de mantenimiento de servicios y frecuencias, una decisión, a su entender, "abusiva en tanto en cuanto se trata de una huelga de 24 horas".
Además, han advertido que este incremento "ya fue declarado abusivo y falto de motivación, en una de las sentencias, ya que no se responde con las necesidades de la ciudadanía en un día de huelga de estas características, en el que su uso se reduce considerablemente, como ha sido reconocido por la propia administración en anteriores decretos".
Por otro lado, en el sector socio-sanitario se han incorporado los centros de día a la regulación "equiparándolos a las residencias geriátricas", lo que, en opinión de los sindicatos, es "incomprensible en cuanto que permanecen cerrados domingos y festivos, y por tanto deberían quedar excluidos de esta regulación".
En este ámbito, han criticado, "se vuelve a incluir el transporte a los centros de día, como servicio mínimo, lo que expresamente ha sido declarado ilegal por abusivo en la sentencia del TSJPV 780/10".
Para los convocantes de la huelga, resulta "especialmente grave" la regulación que se hace en el ámbito educativo, que también se hace "contra lo establecido en las sentencias citadas". "Se vuelven a establecer servicios mínimos en educación obligando a la apertura de los centros, lo que, además de contravenir las sentencias del TSJPV, resulta incomprensible la consideración de servicio esencial la educación en un huelga de un día y el obligar la apertura de todos los centros", han censurado.
Según han dicho, esta decisión "lesiona el derecho a la huelga de los trabajadores del ámbito educativo y pone en cuestión la seguridad misma de los alumnos que ese día puedan acudir a clase, ya que pueden encontrarse con un único profesor en el centro".
Por todo ello, han reiterado que esta decisión del Gobierno vasco "pretende claramente vulnerar el derecho fundamental de huelga y, abusando de los servicios mínimos establecidos, busca minimizar los efectos y la visibilidad de la misma".
Los sindicatos han denunciado que, "una vez más, este gobierno deja ver su firme decisión de hacer callar y tratar de eliminar a todos aquellos que no comulguen con él y estén dispuestos a hacer frente a sus decisiones".
Los sindicatos convocantes de la huelga han recurrido esta orden y exigen al Gobierno que, siguiendo las propuestas hechas por las centrales sindicales, rectifique la orden de modo que "garantice el derecho de huelga y responda de modo racional a las necesidades mínimas".
En cualquier caso, han llamado a todos los trabajadores a que hagan frente a estas "imposiciones e intentos de desactivación de la huelga, hagan ejercicio de su derecho a la huelga con plena libertad y respondan con contundencia a las medidas que tratan de imponernos".
