Los grupos parlamentarios se posicionan ante la próxima negociación de la financiación autonómica

Debate monográfico
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Publicado 03/02/2018 11:59:47CET

   MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura se han posicionado esta semana ante la próxima negociación sobre la financiación autonómica que tiene previsto abordarse próximamente, y sobre la que han mostrado sus acuerdos y sus diferencias.

   Unas posiciones que se han puesto de manifiesto esta semana en un debate monográfico celebrado en la Asamblea de Extremadura, a petición de la Junta, sobre financiación autonómica, de cara a consensuar la postura común que defenderá Extremadura en esta negociación con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas.

   Este debate monográfico arrancó con la intervención de la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, quien fijó la postura del Ejecutivo regional sobre la financiación autonómica, que a su juicio "no puede ser una excusa para mantener las actuaciones diferencias de riqueza" entre las comunidades.

   Para la Junta de Extremadura, la financiación autonómica debe "promover la convergencia en los niveles de vida de todos los españoles", por lo que la vicepresidenta reclamó "máxima objetividad, rigor y transparencia" a la hora de calcular "lo que cuesta en cada región de España prestar un nivel equivalente de servicios y políticas públicas".

   El objetivo es "acabar de una vez por todas con el falaz reproche de que los extremeños estamos sobrefinanciados, o que parasitamos a otros españoles", declaró Pilar Blanco-Morales.

   Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, criticó el "inmovilismo" de la Junta de Extremadura sobre financiación autonómica y advirtió de que si "persiste" en esta actitud, será el PP el que impulsará desde la oposición "alianzas" para poner a Extremadura "a salvo de la ordinalidad".

   Para Monago, Extremadura "no puede seguir esperando" a que la Junta de Extremadura tome la "iniciativa" en esta materia, y defendió que el nuevo sistema de financiación se rija por "criterios técnicos, objetivos y neutrales" dejando a un lado "los cambalaches políticos", ya que de esta forma "se beneficiará a unas autonomías en detrimento de otras, haciendo una España de dos velocidades".

   Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, su portavoz, Álvaro Jaén, señaló que la "máxima prioridad" del nuevo sistema de financiación debe ser "garantizar y proteger todos los servicios públicos" y debe además incluir la dependencia, todo ello bajo un modelo basado en los principios de "igualdad" y "solidaridad".

   Así, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, abogó por alcanzar el "consenso" sin "enfrentar territorios", para así defender "posiciones comunes que beneficien a todos" y alcanzar un modelo de financiación autonómica "transparente y equitativo" que garantice "la convergencia" y el acceso a los servicios públicos "en igualdad de condiciones vivan donde vivan".

   Al margen de la financiación autonómica, durante esta semana también se han abordado otros asuntos de peso en la Asamblea de Extremadura, como es la situación del transporte sanitario terrestre tras el cambio de empresa adjudicataria, o la del transporte ferroviario en la región.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE POR AMBULANCIA

   En este sentido, también esta semana comenzaron los trabajos de la comisión no permanente de investigación constituida en la Asamblea de Extremadura, a petición del PSOE y que contó con el apoyo de PP y Ciudadanos, tras la polémica generada por el concurso público del transporte sanitario terrestre y el traspaso de la anterior empresa a la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio.

   En esta sesión de la comisión de investigación, se acordó la comparecencia de alrededor de medio centenar de personas sobre el concurso de transporte sanitario terrestre, entre los que figuran el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y o el expresidente en la legislatura anterior, José Antonio Monago, además del consejero de Sanidad, José María Vergeles, o el de la legislatura anterior, Luis Alfonso Hernández Carrón.

   Entre los comparecientes, se encuentran además el actual gerente del SES, Ceciliano Franco, y su homólogo durante la pasada legislatura, Joaquín García Guerrero, así como inspectores de Sanidad, técnicos; la exgerente del Consorcio Extremeño del Transporte Sanitario, Eulalia Fontán; el gerente de Ambulancias Tenorio, Javier Sánchez Sierra; delegados sindicales, o trabajadores no subrogados tras el último concurso y despedidos.

   Una vez elaborado el lista de comparecientes, queda pendiente establecer el calendario para el inicio de las declaraciones en la comisión de investigación, que podría fijarse la próxima semana, con el objetivo de que las comparecencias puedan iniciarse durante este mes de febrero.

CONTRATO SOBRE EL TRANSPORTE FERROVIARIO

   Por otra parte, también esta semana se ha hablado en sede parlamentaria del transporte ferroviario en Extremadura, a raíz de una pregunta de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio sobre el estado en el que se encuentra el contrato de servicio público entre la Junta de Extremadura y Renfe Viajeros.

   Ante esta pregunta, el director general de Transporte de la Junta de Extremadura, José González Rubio explicó que este contrato "se está negociando" con Renfe, aunque advirtió de que el Ejecutivo regional no "a firmar ningún contrato por ahora que suponga pagar ni un solo euro por la circulación de los vehículos regionalmente", debido al servicio que se está prestando actualmente.

   En esta negociación, la Junta de Extremadura ha trasladado a Renfe que no puede "pagar lo mismo" que otras comunidades autónomas por "utilizar una infraestructura" que en la comunidad es "muy mal", por lo que "distintos servicios no pueden tener el mismo precio", explicó González Rubio en la comisión.

   Para el director general de Transporte, este asunto "es la pescadilla que se muerde la cola", ya que Renfe no arregla la infraestructura, lo que "implica que tengamos menos viajeros, que a su vez implica que tengamos que pagar dinero por una OSP que tenemos que declarar si no queremos perder el transporte ferroviario", señaló.

   Por todo ello, la Junta de Extremadura ha propuesto pedir una moratoria de dos años al Ministerio de Fomento para que una vez que haya transcurrido este plazo, durante el que "se ha de rehabilitar la infraestructura ferroviaria", entonces se analizará "las consecuencias que tendrá la renovación de vía, en los pasajeros del tren", ha dicho.

   Durante la semana además continuaron las visitas de los escolares a la Asamblea, para conocer sus instalaciones y funcionamiento, con la asistencia de grupos del IES Vegas Bajas de Montijo, o del Colegio Santa Eulalia de Mérida.