UU.AA. recurrirá la nueva normativa de purines por su "impacto" en las explotaciones y no descarta protestas

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EUROPA PRESS
Publicado 15/02/2018 14:48:03CET

Lorenzo Ramos y Roberto García arremeten contra el posible recorte de ayudas de la PAC a partir de 2021 y la actitud del Gobierno central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha avanzado este jueves que "darán la batalla legal" y recurrirán al decreto del Ministerio del ramo por el que se penaliza el esparcido de purín mediante cisterna, como se venía haciendo hasta ahora.

Así lo ha avanzado García en rueda de prensa, acompañado del secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras una reunión de trabajo celebrada este mismo jueves, donde no ha descartado llevar sus reivindicaciones "a la calle" ante el impacto que podría tener esta inversión en renovación de procesos en las explotaciones gallegas, que son la mitad de todo el Estado.

Todo ello nace de la entrada en vigor de una normativa europea, uno de los cambios acordados para la PAC este año, ligada a la reducción de emisiones de amoniaco al aire. García ha advertido de que se establecen sanciones por las que se podrán dejar de percibir ayudas de condicionalidad, lo que considera "arbitrario e ilegal", y un intento de "meter la mano a aquel que le tiene cogido" por una subvención.

En este sentido, ha advertido de que la regulación se centra "en los que menos emisiones tienen" mientras se están dejando a un lado a casi el 70 por ciento de las causas de emisión en el Estado. En concreto, ha insistido en que el 68 por ciento se realizan a través de fertilizantes de síntesis, utilizados "por grandes grupos empresariales", y que, sin embargo, la regulación se centra en explotaciones de vacuno, leche y carne (el 4, 9 y 17 por ciento de emisiones).

Unións Agrarias demanda que se pongan en marcha mecanismos con "proporcionalidad" respecto al gasto que supondría y no "entrar como un elefante en una cacharrería" diciendo que hay que acondicionar todas las cisternas que se usaban "hasta ayer", sobre todo porque el impacto en Galicia será más elevado por el volumen de explotaciones en este territorio.

Asimismo, ha advertido de que la situación orográfica de la región hace "imposible" el inyectado de purines en tierra, como establece la normativa comunitaria. Por todo ello, ha esperado que "impere el sentido común" y no ha descartado dar "la batalla en la calle", como se hizo en Asturias. "No vamos a asumir que esto siga adelante en estas condiciones", ha señalado, apostando por una contribución en la reducción de emisiones "con coherencia y racionalidad".

Ramos, por su parte, ha considerado que esta regulación supone un intento de "criminalizar" a la actividad de agricultores y ganaderos, al centrar la reducción de emisiones en estos ganaderos, además de la responsabilidad y repercusión de adquirir la maquinaria necesaria "de golpe y porrazo" que podría obligar a las explotaciones a "cerrar".

REFORMA PAC

Esta modificación se enmarca en uno de los cambios introducidos en la Política Agraria Común para este año, y tanto Ramos como García han arremetido contra la posibilidad de un recorte de ayudas en el próximo presupuesto comunitario, a partir de 2021, como consecuencia del 'Brexit'.

En este sentido, Lorenzo Ramos ha lamentado que "reforma tras reforma" se está "complicando la vida" a los ganaderos, provocando "incertidumbre", y que se castigue de este modo al sector, a pesar de que lo que se dedica a la PAC representa "ni el 1%" de las aportaciones.

Así, ha reprochado la actitud del Gobierno central, prácticamente asumiendo que esta reducción se va a producir, en lugar de hacer frente, entendiendo que "no debe haber ningún tipo de recorte". Desde UPA entienden que debe haber un reparto "con mejores criterios" y "una redistribución distinta", en al que s primer a las explotaciones que mantienen la vida en las pequeñas poblaciones rurales.

García, por su parte, se ha mostrado "convencido" de que España "terminará aceptado el recorte presupuestario" sin la "sensibilidad" de complementar con aportaciones "propias" la caída de ingresos, incidiendo en que "hay una partida importante" de presupuesto que se debe priorizar para que llegue a agricultores y ganaderos.

En concreto, ha denunciado que un 32 por ciento en el Estado y un 20% en Galicia va a parar a "jubilados y pensionistas", compensando "la ausencia de políticas retributivas" del sistema de pensiones al sector agrario con "migajas de agricultores".

ACUERDO LÁCTEO

Por otro lado, ha reiterado que no descartan dar pasos para salir del acuerdo lácteo, tras cumplirse más de dos años desde la entrada de la entidad e "incumpliéndose cada uno de los puntos básicos", como son la garantía del origen de la leche, la garantía de sostenibilidad económica o regular la venta a pérdidas.

Sobre esto último, García ha considerado importante que se regule "en el conjunto de la cadena" además de la figura de los primeros compradores, que afecta "a Galicia", y que supone que personas "sin nada a su nombre" y sin avales o garantías se dediquen a comprar leche para vender a la industria, para luego "dos meses después" presentar suspensión de pagos sin "garantía de cobro" para las explotaciones y dejando una cadena de deudas.

García ha advertido de que si el mercado de consumo no se recupera y si los almacenes de leche en polvo siguen llenos, cualquiera tensión en el mercado en primavera podría provocar que se les diga a determinados ganaderos "que no hace falta leche", para que después aparezcan "esos primeros compradores" comprando a bajo precio y que al final acabe en la "misma industria", "como pasó hace dos años y medio".

"Estamos a tiempo de agilizar todo eso pendiente", ha insistido García, lamentando que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, "viva en el mundo de que todo está bien", pero apelando al "compromiso específico" trasladado por Feijóo al sector.