SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El movimiento 'Galiza non se vende' inició a las 10.00 horas de hoy encierros simultáneos en seis localidades gallegas para denunciar, con motivo del sexto aniversario del Prestige, la política "continuista" del Gobierno bipartito y para exigir que se resuelvan los problemas que evidenció el accidente del petrolero aquel 13 de noviembre de 2002.
"Cambió el gobierno, pero ¿cambiaron las políticas?", se preguntó en declaraciones a Europa Press Rafael Pillado, portavoz de la veintena de activistas concentrados en el Ayuntamiento de Ferrol. Paralelamente y hasta las 13.00 horas se producen encierros en la casa consistorial de Mugardos; en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo; en la Consellería de Medio Ambiente en Santiago; en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña; y en el Ayuntamiento de Ribadavia.
Bajo el lema 'Galicia no se vende, gobierne quien gobierne', pretendan alertar de que se "siga vendiendo a Galicia a intereses oscuros", que, a su entender, provocan que en esta comunidad se desarrollen prácticas económicas, agrícolas, paisajísticas, medioambientales, energéticas o territoriales que "nada tienen que ver con las necesidades" gallegas.
En consecuencia, Pillado exclamó "qué poco aprendimos de aquella experiencia" y, después de enfatizar los daños "gravísimos, casi irreparables" del Prestige, consideró que "no son menores" los que genera el "continuismo" de la actual Xunta.
A modo de ejemplo, se refirió al acto conmemorativo que presidirá el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en Vilagarcía de Arousa, y lo enmarcó dentro de "un ritual cínico". "Sólo se echa la vista atrás para seguir sacando provecho de aquella tragedia", interpretó, y cargó contra el Gobierno gallego por "seguir apostando por un vergonzoso continuismo".
Entre otros ejemplos, aludió a "rellenos injustificados" en las rías, a la aprobación del "devastador" Plan Acuícola, al Plan eólico "diseñado para los intereses empresariales", al Plan Vigo Integra "creado para los constructores", o a la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio "sin contar con la participación de los ciudadanos".
También criticó la proliferación de polígonos industriales "sin planificación", el cultivo del "clientelismo electoral", o el mantenimiento de industrias peligrosas, como Reganosa, Ence, Endesa, Elnosa, Sogama o Meirama. Frente a esto, exigió a la Xunta "un cambio de rumbo inmediato" de cara a poner la sostenibilidad y la justicia social "en el centro" de sus políticas.