La huelga en la justicia obliga a suspender la primera jornada de juicio de la 'Trucarro', ya aplazado antes

Publicado 03/04/2018 10:44:08CET

   Estaba previsto que, entre el 3 y el 5 de abril, fuesen juzgados los implicados en la operación que no llegaron a acuerdo con Fiscalía

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La huelga indefinida que protagonizan los funcionarios de la justicia desde el pasado 7 de febrero ha obligado a suspender al menos la primera jornada del juicio contra los implicados en la llamada 'Operación Trucarro' que no alcanzaron acuerdos de conformidad con Fiscalía.

   Dichos acuerdos, en el marco de esta operación que investiga la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano, sí fueron sellados por los responsables de 13 de los 20 establecimientos relacionados con esta trama y que están acusados de un delito de estafa continuada.

   El juicio está previsto que se celebrase los días 3, 4 y 5 de abril en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. No obstante, el paro en la justicia ya había provocado que se suspendiese el juicio los días 15 y 20 del pasado mes de marzo, lo que ha vuelto a suceder en esta primera jornada.

   Cuando se celebre el juicio, los responsables de 7 de los 20 establecimientos acusados de modificar el cuentakilómetros de vehículos de compra-venta se sentarán en el banquillo. El pasado día 20, Fiscalía informó que había alcanzado acuerdos de conformidad con los responsables de 13 de estos puntos de venta de vehículos de segunda mano, que fueron acusados de estafa por la manipulación del kilometraje de los vehículos.

ALTERACIÓN DE LOS KILÓMETROS

   Entre las personas que se someterán a juicio figura J.G., el principal acusado de esta red, así como cuatro de sus empleados de un taller de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), por "cooperadores necesarios", ya que la Fiscalía considera que a través de sus servicios era como se llevaba a cabo la alteración de los kilómetros recorridos.

   Con todo, según han precisado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, el principal acusado no llegaría a cumplir más de unos siete años y medio de cárcel, dado que el artículo 76 del Código Penal establece que la condena máxima no puede exceder el triple de la pena prevista para el delito más grave.

   En su escrito, el fiscal solicita la apertura de juicio oral y recuerda que el acusado principal, J.G., utilizaba sus instalaciones en O Milladoiro (Ames) para prestar "repetidamente" y "a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados (...) servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos".

   De hecho, según apunta el Ministerio Público, "este tipo en concreto de servicio fue el que le hizo popular y demandado dentro del sector". J.G. estuvo privado de libertad por este procedimiento del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2008.

ACUERDOS DE CONFORMIDAD

   Así las cosas, el Ministerio público ha explicado que los acuerdos de conformidad alcanzados con algunos de los implicados incluyen el reconocimiento de los hechos por parte de quienes vendieron los coches, y la indemnización a los clientes estafados por esta red, que afectó a más de 300 personas.

   En algunos casos las compensaciones se ajustan a las establecidas por la Fiscalía en el escrito de calificación, mientras que en otros se corresponden con acuerdos entre las partes. Así, la Fiscalía ha precisado que, desde el punto de vista de la técnica procesal, las conformidades se basan en centrarse en el engaño que sufrió el comprador por parte de quien le vendió, prescindiendo del hecho de que fuera por medio de un servicio técnico que proporcionaba J.G.

   Con estas medidas, el Ministerio fiscal ha explicado que pretende facilitar un juicio de "gran complejidad" por el alto número de acusados (hasta 42), perjudicados (más de 300), pruebas e informes periciales a presentar.

   Además, también busca el resarcimiento rápido de las víctimas y el reconocimiento de los ilícitos por parte de los responsables de las estafas.

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