Mantienen el seguimiento por encima del 80%, mientras la Xunta lo rebaja al 37,34%
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de justicia encaran el mes de huelga indefinida --arrancó el 7 de febrero-- con la intención de "resistir", de acuerdo con la adaptación de la canción 'Resistiré' que han entonado en varias localidades gallegas e incluso en el acto de Fene (A Coruña) en el que ha participado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
En Vigo, funcionarios se han concentrado y han cantado una versión de la canción del Dúo Dinámico. "Aguantaré todas las falsedades del PP" o "Aunque me digan que ésta es su última oferta, contestaré que menudo paripé", son algunas de las frases que recoge el tema versionado por los trabajadores de la justicia en la comunidad.
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Los funcionarios prevén participar este martes en una concentración a las puertas del Parlamento gallego, donde comparecerá el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar la situación del conflicto.
Cuando Rueda entre en la Cámara, se cumplirán las 20 jornadas efectivas de huelga --días laborables--. Este lunes, el vicepresidente ha insistido en su oferta de sentarse en la mesa de negociación si se suspende el paro indefinido.
Fuentes de distintos sindicatos que integran el comité de huelga (en el están integrados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CC.OO. y CIG) consultadas por Europa Press han reprobado las afirmaciones de huelga y denuncian que insista en que les acuse de hacer "rehenes" de la huelga a los ciudadanos.
"Nuestras reivindicaciones son justas y lo ha reconocido el propio Parlamento", han sentenciado. "Queremos negociar, que pongan fecha, hora y lugar, pero no aceptamos chantajes", han agregado, en alusión a la petición de que suspendan el paro para hablar.
Más allá, insisten en que la ley "obliga" a negociar a las partes durante una huelga para tratar de llegar a un acuerdo. "Rueda está obligado a negociar", remarcan los sindicatos, que prevén acordar más actos reivindicativos.
SEGUIMIENTO
Entre tanto, los sindicatos de justicia mantienen que el seguimiento de la huelga es "épico", de más del 80 por ciento; mientras que la Xunta lo rebaja al 37,34 por ciento. Fueron a la huelga 1.013 de los 2.700 trabajadores de la justicia en la comunidad.
En el cálculo de sus datos, la Administración tiene en cuenta que 159 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días libres) y 775 cumplieron servicios mínimos.
CONFLICTO SIN VISOS DE SOLUCIÓN
Con el conflicto sin visos de solución, Rueda ha afirmado que si se sienta lo hará dispuesto a "hablar de todo", sin descartar el ámbito económico, pero tanto él como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se remiten, entre tanto, a la última oferta que la Administración dejó sobre la mesa.
En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, la Administración se ha comprometido a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".
OFERTA ECONÓMICA
Sobre la oferta económica, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos.
La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría aceptar, es "inasumible" para las arcas públicas.
Los sindicatos se remiten a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, que apela a situar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con la competencia transferida, y reclaman que "se cumpla el mandato parlamentario".
