PALMA DE MALLORCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y ha archivado la imputación por delito de blanqueo.
Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
Así, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en el auto que ha dictado para confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, considera "innegable e inobjetable" que la Duquesa de Palma, desde el momento en que era copartícipe de una sociedad "ficticia" -en alusión a Aizoon-, contribuyó a defraudar a Hacienda y además "se benefició de ello".
Así de tajante se expresa la Sala en un auto de 160 páginas, en el que deja a las puertas del juicio a la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos ilícitos contra la Hacienda pública presuntamente cometidos en 2007 y 2008. La Audiencia considera así que la Infanta fue figura indispensable para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años.
La resolución judicial extiende estas apreciaciones a Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres. De hecho, señala que si Aizoon y las empresas que Tejeiro compartía a su vez con su marido "eran simuladas, no hay duda que servían de instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y en consecuencia para defraudar a hacienda, tanto en renta como en sociedades".
Para ello, precisa, efectuaron contratos de trabajo falsos y se desgravaban gastos que no habían sido generados en el ejercicio del objeto de la sociedad -en el caso de Aizoon, en materia inmobiliaria-, sino que se trataba de gastos personales efectuados por ambos matrimonios.
En este sentido, la Audiencia prosigue que el dinero que recibía Aizoon -percibió más de un millón de euros de los fondos supuestamente ilícitos que cobró el Instituto Nóos de las Administraciones públicas- no se quedaba en su cuenta, sino que los Duques disponían del mismo sin que tampoco estas cantidades fuesen declaradas a Hacienda. De este modo, recalca, "también colaboraron en la ocultación de esos beneficios".
Por otro lado, la Audiencia ha vuelto a imputar al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCV), Alfonso Grau, en el 'caso Nóos', por los contratos suscritos con el Instituto Nóos --dirigido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin-- para los Valencia Summit.
CRÍTICAS A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La Audiencia Provincial de Baleares tilda de "dudosa" la legitimación de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de recurrir la decisión del juez José Castro de mantener encausada a la Duquesa, y subraya que la actitud más "coherente" hubiera sido "limitarse" a anunciar que no tenía intención de acusarla.
De hecho, afirma que la legitimación a la hora de impugnar el auto de Castro "correspondía en exclusiva" a la defensa de la Infanta y, en tal caso, el Ministerio Fiscal "podría haberse adherido a su recurso".
Es más, el tribunal de la Sección Segunda considera "llamativo" que la Fiscalía "critique y censure la labor" de Castro en lo que respecta a sus competencias y al posicionamiento adoptado en torno al papel de la Infanta, reprochando que le atribuyese "haber asumido funciones acusatorias y un papel que no le corresponde, cosa que no es verdad", responde tajante la Sala.
El tribunal, integrado por los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez y Mónica de la Serna, recalca que el auto en el que Castro mantenía la imputación -conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado- "es una resolución que compete en exclusiva" al juez instructor, y abunda así en que "lo que verdaderamente puede resultar chocante o discutible" es que el fiscal lo recurra.
ADVERTENCIA PARA ASUNTOS FUTUROS
"El papel que le otorga la ley consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo, solicitando en tal caso el sobreseimiento que corresponda", incide la Sala. "Ni que decir tiene que lo dicho no tiene otra pretensión que dejar sentado el posicionamiento procesal de esta Sala para otros asuntos que en el futuro se puedan presentar", advierte.
LA CASA DEL REY EXPRESA SU "RESPETO ABSOLUTO"
La Casa del Rey ha expresado este viernes su "respeto absoluto a la independencia judicial" tras la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y ha dejado en sus manos la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. "Es una cuestión que le corresponde a ella", ha indicado un portavoz de Zarzuela.
Tras conocerse esta decisión, la Casa del Rey ha reiterado un mensaje de respeto a la independencia judicial. Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha indicado a Europa Press que la institución no tenía más comentarios que hacer al respecto.
Preguntado por la posibilidad de que la Infanta Cristina renuncie a sus derechos dinásticos --en la actualidad es la sexta en el orden sucesorio-- el portavoz ha señalado que ésta "es una cuestión que le corresponde considerar a ella".
La reacción de Zarzuela es similar a la que manifestó el pasado 25 de junio --con Felipe VI ya al frente de la Corona-- cuando el juez José Castro mantener la imputación contra la Infanta por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
Entonces, la Casa del Rey expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial", a través de un portavoz de la institución, como en esta ocasión. Esa fue la primera ocasión en la que la Casa del Rey se refirió a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
LA INFANTA, HOY
Hoy por hoy, la Infanta Cristina no forma parte de la Familia Real, no participa --ni está previsto que lo haga-- en actos oficiales y, por tanto, no recibe asignación alguna con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien el Estado sí se ocupa de mantener su seguridad con la asignación de unos escoltas desplazados a Suiza.
Con la llegada al trono de Felipe VI la Familia Real ha quedado limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía.
Así las cosas, las hermanas de Felipe VI han pasado a ser familia del Rey, en lugar de Familia Real. Al contrario de lo que hizo Doña Elena, la Infanta Doña Cristina no estuvo presente ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, ni en los actos de proclamación de su hermano.
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