Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/01/2009 12:02
El Govern balear prepara actualmente un decreto le con el que prevé regular la actividad de las empresas que se dedican al prestamismo y la reunificación de deudas, ante el auge que está viviendo este sector según se va haciendo más patente la crisis económica, y que se aprobará después de la ley estatal que se encuentra en fase debate parlamentario.
Así lo explicó, en declaraciones a Europa Press el director general de Consumo, Diego González, quien puntualizó que el texto legal se redacta "en paralelo" a la tramitación de la legislación que prepara el Gobierno central, de tal modo, que los consumidores pasen a contar con dos "protecciones" a lo largo de 2009.
Este decreto regulador de la actividad de los intermediarios financieros, cuya redacción fue aprobada el pasado mes de noviembre por el Consell de Consum, se confecciona en colaboración con la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, y se prevé que entre en vigor después de la ley estatal, que podría ser aprobada entre enero y febrero por el Congreso de Ministros.
González detalló que el decreto autonómico establecerá los parámetros que se deberán seguir para la publicitación de las ofertas en este sector, así como el "espacio contractual" del mismo, además de incluir un "registro obligatorio" de las empresas que se dedican a esa enfermedad, que actualmente es inexistente, al no estar ordenada esta actividad económica.
Para el director general, el decreto vendrá a devolver la "confianza" al consumidor en un sector que genera recelos y del que dijo que su actividad es "positiva cuando se hace bien", pero en el que no cabe que "nadie se aproveche de una persona en situación económica delicada para meterle en más líos", sentenció.
Según indicó Diego González, durante 2008 se percibió una proliferación de empresas en este sector, así como un incremento de actividad general en el mismo, que responden a una "realidad social" y que, al ser "nuevo", necesita un "control y regulación" por parte de la Administración, como ya ocurriera en su día con los mediadores de seguros.
Por el momento, el departamento autonómico de Consumo rastreó la actividad de un total de 12 empresas que venían ofertando este tipo de servicios en Baleares, lo que dio lugar a la apertura de siete expedientes sancionadores, por irregularidades y vulneración de los derechos de los consumidores en su publicidad. Táctica que se ha trasladado ahora a las compañías de ámbito presencial.