PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La magistrada de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja criticó en Palma "la absoluta incompetencia" y la "falta de voluntad" de las administraciones públicas por mejorar la situación que atraviesa la justicia, lo que provoca, entre otras consecuencias, que "miles de penas" prescriban y que el trabajo desarrollado en los juzgados se vea envuelto por "la desorganización y el caos" debido a la necesidad de modernización de este ámbito.
Así lo expuso durante la conferencia 'Razones y derechos de los jueces para hacer huelga', organizada por la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS), en la que la también miembro de la asociación Jueces por la Democracia reclamó sobre todo una "plena" incorporación de las nuevas tecnologías en la justicia, al recriminar que "para conocer el estado de las ejecutorias hay que repasar hoja por hoja miles de procesos" mientras que las estadísticas "están confeccionadas manualmente y no permiten planificar políticas".
Detallando de forma pormenorizada los problemas que afectan al trabajo diario de los jueces y "de los que nunca se habla", Sanahuja hizo alusión a unos sistemas "muy obsoletos" que deben sustituirse por mecanismos de nueva generación y programas interconectados que faciliten el trabajo, y recalcó asimismo la necesidad de que los funcionarios de los juzgados estén "mínimamente preparados" y que se incremente la media de jueces por habitante -en España hay 10 por cada 100.000 ciudadanos frente a los 20 de media europea-.
Precisamente, para reanudar el diálogo en torno a estas reivindicaciones las asociaciones de jueces retomarán esta semana los contactos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el Ministerio de Justicia con el objetivo de intentar evitar la celebración de una nueva jornada de huelga por parte de los magistrados a nivel nacional, anunciada en principio para el próximo 26 de junio.
A este respecto, Sanahuja puntualizó que se trata de "la primera movilización en que no se pide dinero, sino que se han puesto sobre la mesa otras condiciones frente a la horrorosa situación actual". No obstante, pese a los "escasos" avances registrados en materia judicial, la magistrada aplaudió el hecho de que en los últimos años se les haya reconocido a los jueces "el derecho a la libertad de expresión", ya que "antes no podíamos hablar de estas miserias y nos podían sancionar".
Al mismo tiempo, la magistrada aprovechó su intervención para referirse al nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre quien espera que "no noz enrede ni deje pasar diez años sin que veamos una sola mejora". Por su parte, el delegado de APFS en Mallorca, Carlos Prieto, apuntó durante el mismo acto que el próximo 15 de mayo se reanudarán estas conferencias con la presencia del juez de familia Francisco Serrano.
REUNIÓN CON FRANCISCO CAAMAÑO
Respecto a las negociaciones para pedir mejoras en la justicia, el los colectivos de magistrados mantendrán el martes un encuentro con los vocales de la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial mientras que el miércoles se reunirán por primera vez con Francisco Caamaño. El objetivo es analizar las reivindicaciones que llevaron el 18 de febrero a un 35 por ciento de la carrera a secundar una histórica jornada de huelga.
A ambos encuentros asistirán tanto los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de Jueces para la Democracia (JPD), que no respaldaron el paro, como los de los colectivos Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que sí secundaron la protesta.
El encuentro del miércoles será el primero en que el ministro y los representantes de las asociaciones entrarán en materia sobre el conflicto laboral que afecta a la judicatura e intercambiarán sus puntos de vista sobre las medidas encaminadas a la mejora y modernización de la Justicia que el Ministerio tiene en marcha.
Las protestas de los magistrados giran en torno a la necesidad de modernización de la Justicia con objeto de ofrecer a los ciudadanos un mejor servicio. Así, las principales reivindicaciones incluyen la eliminación del traslado forzoso por ascenso y el control de la agenda de señalamientos de los juicios o vistas que la reforma procesal que se tramita en el Congreso atribuye a los secretarios judiciales.
Las asociaciones reclaman también la implantación de la nueva Oficina Judicial, medidas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral y el aumento de número de jueces en todo el territorio nacional.
