Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 15/01/2010 01:48
El jefe del Estado Mayor de Honduras, el general Romeo Vásquez, y otros cinco miembros de la cúpula militar hondureña llegaron a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa para comparecer por primera vez ante el tribunal por los supuestos delitos cometidos durante el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
La Fiscalía de Honduras presentó el pasado 6 de enero un requerimiento en el que solicitaba a la CSJ el procesamiento de la Junta de Comandantes del Ejército, a quienes acusa de abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente depuesto, Manuel Zelaya.
El requerimiento se presentó porque la Constitución de Honduras prohíbe la expatriación de ciudadanos y porque la orden que recibieron los militares el día del golpe era la de detener a Zelaya y presentarlo ante los tribunales, explicó entonces el Ministerio Público.
Vestidos con sus uniformes de gala, los principales mandos del Ejército entraron en la tarde del jueves en la corte para comparecer ante el juez Jorge Alberto Rivera, con lo que se daba inicio a un proceso catalogado como histórico por los medios locales. Un amplio número de periodistas de medios nacionales e internacionales cubrían la noticia en las afueras de la sede del Poder Judicial, adonde no se les permitió el ingreso, informó el diario 'El Heraldo'.
Fuera de las dependencias judiciales también se agolpaban partidarios del presidente depuesto y miembros de la Unión Cívica Democrática (UCD), que solicitan el sobreseimiento de la causa contra la Junta de Comandantes.
Además de Vásquez, también están acusados el subjefe del Estado Mayor, Venancio Cervantes, el inspector general, Carlos Cuéllar, el comandante del Ejército, Miguel García, el comandante de la Fuerza Aérea, Luis Prince, y el de la Fuerza Naval, Juan Rodríguez.
En la primera audiencia se les informará de la acusación que interpuso la Fiscalía, se les dará oportunidad de prestar declaración y se impondrán medidas cautelares. Se prevé que éstas no incluyan el encarcelamiento de los militares, debido a que se han mostrado dispuestos a someterse a juicio. Posteriormente, el juez establecerá la fecha para la celebración de la audiencia inicial.