SÍDNEY, 13 May. (Reuters/EP) -
Los abogados de las casi 900 personas que permanecen retenidas en Papúa Nueva Guinea por orden de Australia han presentado este viernes una demanda ante el Tribunal Supremo del país para reclamar una compensación económica por la detención ilegal de sus clientes, lo que podría suponer el regreso de los refugiados a Australia.
La política de inmigración australiana se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para el primer ministro del país, Malcom Turnbull, durante la campaña para las elecciones federales del 2 de julio. Según esta política, cualquiera que sea interceptado tratando de alcanzar las costas australianas es enviado a alguno de los centros de inmigración situados en Nauru o en Manus, en Papúa Nueva Guinea, a la espera de que su solicitud de asilo sea procesada.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea estableció que las detenciones que se están produciendo en la isla de Manus eran ilegales, lo que ha obligado al Gobierno a cerrar el centro. El destino de los detenidos continúa siendo incierto, con Papúa Nueva Guinea y Australia atribuyéndose mutuamente la responsabilidad de acogerlos.
Los abogados de los 898 detenidos en la isla de Manus han pedido al Tribunal Supremo del país una compensación de 1.500 kinas (unos 400 euros) por cada uno de los días que han permanecido detenidos de forma ilegal. Sin embargo, no se ha esclarecido si el tribunal podría aplicar las indemnizaciones con carácter retroactivo.
"Cuando consideras que algunos de esos hombres llevan detenidos 1.000 días la compensación total asciende a millones de dólares australianos", ha aseverado Ben Lomai, abogado de la mayoría de detenidos, que ha destacado que una vez que el asunto de la compensación sea resuelto los abogados presentarán mociones para que se proceda a un inmediato traslado de los refugiados a Australia.
De conseguirlo, los detenidos llegarían al país en medio de una de las mayores campañas electorales de la historia, lo que pondría el punto de mira sobre las duras políticas de inmigración. Papúa Nueva Guinea, por su parte, ha establecido el fin de las detenciones a refugiados y ha disminuido las restricciones, lo que ha supuesto la posibilidad de abandonar el centro a lo largo del día.
Sin embargo, según los abogados muy pocos detenidos se han beneficiado realmente, pues las restricciones no se han retirado del todo. Los refugiados deben firmar para poder acceder a uno de los tres autobuses de servicio que comunican el centro con el pueblo más cercano y deben estar de vuelta en el centro al anochecer.
Una mujer somalí de 22 años y su recién nacido han sido transferidos a Australia desde un centro de detención de Nauru después de que ésta diera a luz de forma prematura, según el Departamento de Inmigración de Australia, que ha confirmado que ambos se encuentran bien y reciben un "tratamiento médico adecuado", a pesar que los abogados han insistido en que se encontraban en estado crítico.
