MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles que, un año después de las manifestaciones en la Plaza de la Independencia de Kiev (Maidán), las autoridades de Ucrania no han impartido justicia para las víctimas de la violencia policial en aquellos días que llevaron a la salida del anterior presidente del país, Viktor Yanukovich.
"Una tradición de impunidad profundamente arraigada, la falta de conocimientos especializados y, en algunos casos, la obstrucción deliberada" están "negando la justicia a los cientos de víctimas de abusos policiales cometidos durante las protestas del Euromaidan en Ucrania", ha asegurado la ONG.
En su informe 'Ucrania: Un año después del Maidán, justicia retrasada y denegada', AI expone "la ausencia sistemática de investigaciones sobre el uso ilegítimo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas durante las manifestaciones del Maidán en Kiev, así como el hecho de que "las autoridades no hayan impartido justicia para las víctimas".
"La deplorable falta de avances a la hora de hacer justicia a los asesinados, heridos y torturados pone de relieve una vez más los profundos defectos del sistema de justicia penal ucraniano", ha declarado el director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, John Dalhuisen.
"No abordar los abusos generalizados cometidos durante las protestas del Euromaidan podría afianzar una larga tradición de impunidad para la Policía. Es necesario que se haga justicia, no sólo para los asesinados, sino también para las muchas personas más que sufrieron malos tratos", ha advertido.
AI ha recordado que lo que comenzó en noviembre de 2013 como una protesta pacífica contra la negativa del Gobierno a firmar un acuerdo de asociación con la UE "se convirtió en una protesta multitudinaria contra el propio Gobierno en la que hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad". Según el Ministerio de Salud, murieron 105 personas como consecuencia de la protesta, entre ellas al menos trece policías.
USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA
Amnistía Internacional documentó entonces "numerosos casos" de "uso ilegítimo de la fuerza, incluidos homicidios y torturas cometidos durante las manifestaciones". La ONG ha expresado en reiteradas ocasiones a las autoridades ucranianas "los detalles de los casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza pero no ha visto aún ningún progreso demostrable en ninguno de los casos que viene siguiendo".
En este sentido, ha afirmado que, hasta la fecha, sólo dos mandos de baja graduación han sido declarados culpables tras aparecer en una grabación obligabando a un hombre a "permanecer desnudo en temperaturas inferiores a cero grados y en público". "Ambos fueron condenados a sendas penas condicionales de tres y dos años de prisión por "abuso de poder o de funciones públicas". Varios policías más, también implicados en los malos tratos, no fueron procesados", ha denunciado.
AI ha recordado que el primer manifestante que perdió la vida fue Serhiy Nihoyan, de 21 años, que "recibió cuatro disparos, incluidos varios en la cabeza y el cuello, el 22 de enero de 2014". "Se desconoce todavía la identidad de quien lo mató", ha señalado.
TORTURAS Y MALOS TRATOS
La ONG ha subrayado que muchos manifestantes "fueron sometidos a torturas o malos tratos", como le sucedió a un hombre de 23 años que fue "golpeado y arrastrado de los labios" hasta un vehículo policial y "le rociaron gas lacrimógeno en los genitales antes de perder el conocimiento".
Amnistía ha contado el caso de una mujer de 51 años que fue golpeada en la cara con una porra por un policía cuando "miraba las protestas". "Sufrió una fractura de cráneo y perdió la visión de un ojo", ha asegurado.
"Casi todas las víctimas con las que habló Amnistía Internacional dijeron que no habían sido entrevistadas como víctimas de delitos, aunque muchas sí habían sido entrevistadas inicialmente como presuntos autores. Ninguna ha sido informada del progreso de las investigaciones muchos meses después de haber presentado sus denuncias", ha afirmado.
AI ha explicado que, tras la salida del presidente Yanukovich en febrero de 2014, el nuevo Gobierno se apresuró en citarlo a él y a sus colaboradores más próximos, también huidos del país, como "principales responsables de las violaciones cometidas durante las protestas del Euromaidan".
La ONG ha dicho que las nuevas autoridades ucranianas han hecho "numerosas promesas" de investigar efectivamente todos los abusos cometidos contra los Derechos Humanos y de hacer comparecer ante la justicia a los responsables pero no han materializado sus promesas.
MÁS DECLARACIONES QUE INDICIOS
"Los esfuerzos de los investigadores se han centrado hasta la fecha en los homicidios y en la presunta responsabilidad de altos cargos del gobierno anterior, pero incluso en estos casos ha habido más declaraciones sobre progresos que indicios de que los hubiera realmente. Para la mayoría de quienes sufrieron heridas y malos tratos, las investigaciones apenas han comenzado", ha afirmado John Dalhuisen.
Los fiscales con los que ha hablado Amnistía Internacional han citado la destrucción de pruebas por parte de las fuerzas de seguridad inmediatamente después de las protestas y la reticencia de los agentes a cooperar como principales obstáculos para las investigaciones. También se ha mencionado la falta de recursos y el solapamiento de competencias de diferentes autoridades.
"Hay que reconocer la enorme cantidad de incidentes y la complejidad de algunos de los casos. Sin embargo, es más cierto que sin una reforma significativa de las instituciones responsables de investigar los abusos cometidos por los funcionarios de seguridad, la justicia para las víctimas de los abusos relacionados con el Euromaidan seguirá siendo esquiva y el círculo vicioso de la impunidad que contribuyó a que se cometieran continuará intacto", ha concluido Dalhuisen.
