MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un ex preso que estuvo durante 37 años en las cárceles de China por defender la independencia del Tíbet relató hoy ante los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e Ismael Moreno que los disidentes eran tratados "sin ninguna atención a los derechos humanos y como si fueran animales".
Takna Jigme Zangpo, el prisionero que más tiempo ha estado en las cárceles chinas por defender la independencia del Tíbet, relató las "torturas" que ha sufrido a lo largo de su vida a los dos jueces españoles, que investigan, respectivamente, los delitos de lesa humanidad que las autoridades chinas llevaron a cabo en el Tíbet en marzo de 2008 y a partir de 1950. "Sufrí mucho y muchos independentistas también sufrieron", aseguró.
El compareciente, de 80 años, se manifestó "realmente feliz por poder contar libremente la verdad sobre la situación en el Tíbet", y denunció que este asunto siempre ha sido tratado por China como "un asunto interno". "Mi salida del país sólo ha sido posible por la presión internacional", apuntó.
"CONTAMINAR A LOS NIÑOS"
Jigme Zangpo, ex profesor de primaria, fue encarcelado por primera vez en 1965 por "contaminar a los niños" y, tras pasar por tres prisiones diferentes, se convirtió en "una víctima legendaria de la lucha del Tíbet", según explicaron fuentes del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la asociación que ha impulsado las dos causas judiciales.
Con esta declaración el juez Pedraz continúa la ronda de testificales que ha llevado a cabo durante esta semana en relación con la causa que investiga sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en marzo de 2008 contra la población tibetana por parte de distintos miembros del Gobierno chino. Las comparecencias finalizarán el próximo lunes con la declaración del disidente chino Wei Jingsheng.
La causa, admitida a trámite por el juez en agosto, está dirigida contra el actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
El pasado 5 de agosto, Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana". Según las asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Los querellantes aseguran que los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputan "la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
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