NAIROBI, 27 Oct. (Reuters/EP) -
Human Rights Watch (HRW) ha instado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a renovar el mandato de la misión de paz de la ONU en República Centroafricana (MINUSCA) antes de su finalización en noviembre debido a la ola de violencia que ha surgido en los últimos meses en las regiones del centro y sureste del país.
Asimismo, HRW ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, que autorice el despliegue de 900 tropas adicionales. La ONG ha defendido que los 15 miembros del Consejo deberían proporcionar a la misión MINUSCA las herramientas y recursos adicionales necesarios para proteger a los civiles de posibles ataques.
El jefe de investigación de HRW en África, Lewis Mudge, ha asegurado que la cifra de muertes de civiles que se han producido en República Centroafricana a lo largo de 2017 han sido "alarmantes", al tiempo que ha denunciado que miles de civiles de todo el país "están desesperados por recibir protección".
Entre las medidas de apoyo que debería ofrecer el Consejo de Seguridad a la misión MINUSCA, Mudge ha destacado la necesidad de enviar "el número suficiente de tropas" para responder al surgimiento de esta violencia "amenazadora" para los civiles con el fin de "proteger los campos de personas desplazadas".
Desde el pasado mes de mayo HRW ha registrado el asesinato por parte de grupos armados de al menos 249 civiles, la mayoría de ellos en el centro y sureste del país. Sin embargo, esta cifra no representa la totalidad de muertes producidas a nivel nacional debido al difícil acceso a las zonas más remotas.
La organización también ha registrado 25 casos de violación en la provincia de Basse-Kotto, situada en el sur, producidas durante ese mismo periodo. Esto demostraría la existencia de una práctica sistemática de violaciones y abusos sexuales de mujeres y niñas por parte de grupos armados durante los últimos cinco años.
HRW ha denunciado que si en los casos contabilizados hubiese habido presencia de cascos azules, se podrían haber frenado estos ataques o limitado la violencia y, por ende, se habrían salvado vidas.
No obstante, en otros casos la presencia de cascos azules no ha sido sinónimo de protección para la población civil. Este año, al menos diez cascos azules han perdido la vida a manos de grupos armados.
600.3000 DESPLAZADOS INTERNOS
En conflicto actual en República Centroafricana ha obligado a decenas de miles de personas a huir de sus hogares desde mayo. Esta situación ha incrementado el número total de desplazados internos hasta llegar a las 600.300 personas, mientras que en 2014 esa cifra se situaba en 518.200, según datos de Naciones Unidas.
La mayoría de los abusos que ha contabilizado HRW fueron perpetrados por facciones de los rebeldes de Séléka, incluyendo a los grupos armados Unidad por la Paz en Centroáfrica (UPC), el Movimiento Patriótico para República Centroafricana (MPC) y por parte de las fuerzas 'anti-balaka'. Otras de las muertes fueron provocadas por sujetos que, aparentemente, no pertenecían a ninguno de estos grupos.
Solo en la provincia de Basse-Kotto se han constatado la muerte de unos 188 civiles entre mayo y agosto, como resultado de los ataques contra civiles que se produjeron durante el conflicto entre UPC y los 'anti-balaka', además de 25 casos de violación.
La misión MINUSCA no estuvo presente en la zona cuando tuvieron lugar estos ataques. Llegaron a la ciudad de Alindao días después de que hubiesen comenzado y fueron capaces de frenar los ataques contra civiles.
Una de las víctimas de los ataques de UPC ha relatado que le golpearon y le tiraron al suelo. "Después empezaron a violarme. Mi hijo de cinco años estaba viéndolo todo y quería ayudarme. Pero le dispararon en un costado y murió", ha contado.
El 29 de julio, los combatientes de una de la facciones de Séléka atacaron un campo de desplazados en la ciudad de Batangafo, situada en el noroeste del país, y en los barrios colindantes, donde mataron a al menos 15 personas, de las cuales tres de ellas eran personas discapacitadas. Además, se quemaron unas 230 casas y otras tantas chozas provisionales que había en el campamento.
Una de las víctimas con discapacidad, Gerard Namsoa, de 56 años, no pudo huir cuando su casa prendió en llamas. "Intentó arrastrarse, pero no pudo escapar a tiempo", ha declarado uno de sus familiares.
SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD
En mayo, las fuerzas 'anti-balaka' atacaron el barrio musulmán de Tokoyo, en Bangassou, ubicado en la provincia de Mboumou. Nueve supervivientes que huyeron a la ciudad de Bangui, situada en la frontera del país con República Democrática del Congo, han contado que en el aquel ataque murieron al menos 12 civiles, entre los que se encontraba el imán de la ciudad, Mahamat Salé.
HRW ha advertido de que la población civil en la región sureste del país se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras la retirada de las tropas de Uganda y de los asesores militares de Estados Unidos de la zona a principios de año. Estas fuerzas fueron desplegadas en la zona para hacer frente al Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), el grupo rebelde con base en Uganda famoso por reclutar soldados.
En la ciudad de Zemio, que estaba protegida por las tropas de Uganda, al menos 28 civiles han muerto desde junio, sobre todo a causa de los ataques llevados a cabo por milicianos musulmanes sin ningún vínculo claro con Séléka. En 2015, se destinó a la zona a un grupo de trabajo de MINUSCA que fue incapaz de proteger a los civiles de estos ataque. Desde entonces la mayoría de los residentes han huido a República Democrática del Congo.
HRW ha señalado que en las zonas más propensas a sufrir violencia, Naciones Unidas debería extender más vigilancia basada en un mandato de paz. La organización ha declarado que MINUSCA debería continuar proporcionando su apoyo técnico y logístico para garantizar que se actúe con rapidez y se realicen investigaciones eficaces.
La ONG ha insistido en que tanto los cuerpos de cooperación nacionales como internacionales deberían contribuir al fortalecimiento del sistema judicial de República Centroafricana y a poner en marcha el Tribunal Especial Criminal (SCC).
