ROMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ley italiana sobre seguridad que convierte la inmigración clandestina en delito y legaliza las patrullas de ciudadanos para que vigilen las calles por la noche entró hoy en vigor, después de que el decreto fuera firmado por el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, y publicado en la Gaceta Oficial.
La ley ha generado un intenso debate en Italia, donde numerosos sectores, empezando por el principal partido de la oposición, aseguran que es anticonstitucional.
La medida que ha generado más polémica es la que cataloga la inmigración clandestina como delito, castigando a todos aquellos extranjeros que se hallen en territorio italiano sin los papeles en regla a pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Asimismo, pena con hasta tres años de cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
Finalmente, la ley no incluye la medida que había sido propuesta en un principio y que obligaba a los médicos a denunciar a las autoridades la presencia de pacientes clandestinos en sus consultas.
Otra de las novedades es la prolongación de dos a seis meses del periodo que los inmigrantes 'sin papeles' deben transcurrir en los centros de identificación y expulsión para facilitar que el proceso de repatriación se lleve realmente a término, al dar más tiempo a las autoridades para tramitarlo.
Otra de las medidas impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia. Para conseguir la ciudadanía italiana, en cambio, tendrán que pagar 200 euros.
PATRULLAS DE CIUDADANOS
La nueva norma también regula las discutidas patrullas de ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar las ciudades por la noche para combatir la criminalidad y ayudar a la policía a localizar a los delincuentes.
Las patrullas pueden estar formadas por un máximo de tres voluntarios mayores de 18 años, siempre y cuando gocen de buena salud física y mental y no tengan adicción al alcohol o a las drogas ni antecedentes penales.
Deberán desplazarse a pie y vestir con un chaleco amarillo con el logotipo de la organización a la que pertenecen, que no podrá representar a ningún partido político u organización sindical, ni recibir de financiación de este tipo de organizaciones.
La lucha contra la mafia es otro de los puntos fuertes de esta nueva ley, que obligará a los empresarios a denunciar a quienes hayan intentado extorsionarlos, condición 'sine qua non' para acceder a los concursos públicos de obras, entre otras cosas. Asimismo, la ley endurece las penas para los delitos relacionados con la mafia.
