MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha recalcado este jueves que la comunidad internacional debe considerar enviar ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) los abusos en Birmania contra la comunidad rohingya si los responsables no rinden cuentas en el país.
"Si no va a haber rendición de cuentas y justicia en Birmania la comunidad internacional tiene que considerar todas las opciones, incluido acudir al TPI", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter.
Así, ha destacado que el TPI "necesitaría el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, con el que podría no contar, por lo que hay que analizar también otras opciones.
Hunt, que se encuentra de visita oficial en Birmania, ha expresado además su apoyo a "la repatriación y retorno seguro de los rohingya", al tiempo que ha recalcado que "existe la necesidad de que haya rendición de cuentas y justicia por las atrocidades o, lógicamente, tendrán demasiado miedo como para arriesgarse a realizar el viaje".
El ministro de Exteriores británico ha indicado además en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters que ha trasladado a la líder 'de facto' birmana, Aung San Suu Kyi, la necesidad de que los militares responsables de las atrocidades rindan cuentas.
"Si no hay rendición de cuentas a través de procesos domésticos la comunidad internacional no se quedará parada", ha dicho. "Debemos ser absolutamente claros sobre que no habrá escondite para cualquiera responsable de este tipo de atrocidades", ha agregado.
En este sentido, ha destacado que ha presenciado "un clima de miedo" durante su visita al estado de Rajine (oeste). "Si no hay rendición de cuentas será una gran mancha en la historia de Birmania, como son los Jemeres Rojos en Camboya", ha insistido.
Por otra parte, se ha mostrado "extremadamente preocupado" sobre el encarcelamiento de dos periodistas de Reuters arrestados en diciembre mientras investigaban una masacre cometida por el Ejército en Rajine, motivo por el que ha planteado a Suu Kyi que les conceda el perdón.
"Es un momento crítico para Birmania, ya que una de las democracias más recientes del mundo debe mostrar que su sistema judicial es efectivo y que se respeta el debido proceso". Creo que hay fundamentos para preocuparse porque esto no pasó en este caso", ha lamentado.
EXAMEN PRELIMINAR DEL TPI
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, anunció el martes la apertura de un examen preliminar para examinar si la supuesta deportación forzosa de rohingyas por parte de Birmania constituye un crimen de guerra o contra la Humanidad.
Así, destacó que "si bien Birmania no es Estado miembro del TPI, Bangladesh sí lo es", por lo que ha manifestado que el tribunal "podría ejercer su jurisdicción sobre la conducta hasta el punto en que ocurrió parcialmente en el territorio de Bangladesh".
"En este contexto, el examen preliminar podría tener en cuenta varias supuestas acciones coercitivas que resultaron en el desplazamiento forzoso de población rohingya, incluida la privación de derechos fundamentales, asesinatos, violencia sexual, desapariciones forzosas, destrucción y saqueos", puntualizó.
Bensouda afirmó además que su oficina "considerará si hay otros crímenes bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma que puedan ser aplicables a la situación en cuestión, como los de persecución y otros actos inhumanos".
La fiscal jefe del tribunal recordó que "un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso de examen de la información disponible para alcanzar una determinación totalmente informada sobre si hay una base razonable para proceder con una investigación, según los criterios establecidos por el Estatuto de Roma".
El Gobierno de Birmania rechazó "rotundamente" el 7 de septiembre la decisión en la que el TPI dijo tener jurisdicción para investigar las supuestas deportaciones de musulmanes rohingya a Bangladesh, consideradas un posible crimen contra la Humanidad.
La oficina del presidente birmano, Win Myint, dijo que la decisión del TPI, que se pronunció tras la iniciativa de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar, es "el resultado de un procedimiento incorrecto" y "de dudoso mérito legal".
Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.
Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia miliciana.
