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Con el 83% de los votos

Reelegido el alcalde rumano que aprobó el traslado de gitanos a zonas aisladas

BUCAREST, 14 Jun. (Reuters/EP) -  

   El alcalde de Baia Mare, Catalin Chereches, ha conseguido salir reelegido con el 83 por ciento de los votos en las elecciones del domingo, celebradas días después de que las autoridades locales trasladasen a decenas de familias gitanas rumanas a una planta de cobre desmantelada.

   Chereches ha sido muy criticado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos por recolocar a las familias gitanas en zonas aisladas y pobremente condicionadas y por construir un muro de cemento para separarlas del resto de la población en la localidad de Baia Mare.

   Las ONG han denunciado que la construcción el pasado año del muro y la recolocación de las familias en instalaciones precarias suponen ejemplos de racismo institucional y de querer aislar a esta comunidad en un "gueto".

   Chereches, miembro de la Unión Social Liberal (USL) que consiguió la mayoría de los votos en las elecciones locales, ha asegurado que el traslado es una medida temporal y que no supone ninguna discriminación.

   "Es el primer paso de un proyecto que pretende convertirse en ejemplo, a nivel europeo, de integración de los gitanos", ha explicado por teléfono a Reuters. "Entre uno y tres años conseguiremos terrenos libres para que puedan construir casas", ha asegurado.

   Los gitanos en Baia Mare denunciaron en mayo que las autoridades locales comenzaron a trasladarles a lugares donde no había ni agua potable ni electricidad.

   Desde que en 2007 Rumania entrase en la Unión Europea, muchos rumanos han abandonado el país en busca de nuevas oportunidades. La UE ha pedido a Bucarest que apruebe acciones para integrar a esta etnia.

   Alrededor de 620.000 rumanos se consideran así mismos como gitanos, sin embargo, muchos temen dar detalles d  sus orígenes para no ser discriminados. Algunas asociaciones aseguran que podrían ser 2,5 millones.

   La mayoría viven de espaldas a la sociedad y en la probreza. Los grupos de Derechos Humanos denuncian que el Gobierno apenas tiene políticas para acabar con la discriminación de estos grupos.

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