Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 27/11/2009 17:23
La Plataforma Solidaria con Aminatou Haidar ha exigido hoy a través de una carta al director insular de la Administración General del Estado, Carmelo García Déniz, que el Estado se haga responsable de la integridad física de la activista saharaui, así como de las personas que la acompañan en el transcurso de su huelga de hambre en el Aeropuerto de Lanzarote, según puso hoy de manifiesto la integrante de la organización, Terry Lee Daymond.
En dicha carta, la Plataforma solicitó a García Déniz "que se persone en el Aeropuerto de Guacimeta en representación del Estado Español para interesarse por el estado de salud de Aminatou; que explique cómo y por qué se ha llegado a esta situación; que de a conocer las gestiones que se están llevando a cabo para posibilitar el regreso a su país con garantías de su bienestar y que este regreso se produzca de inmediato", dijo.
Además, solicitó que mientras permanezca en suelo español, la Dirección General del Estado sea responsable de la integridad física de Aminatou y de las personas que le acompañan.
Por su parte, la organización se presentó hoy ante la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, en Arrecife, para realizar un simbólico acto de protesta y entregar en el registro de dicha institución una carta dirigida al director insular.
La Plataforma quiso mostrar así su preocupación ante "el absoluto desentendimiento que esta institución ha hecho de un caso de enorme trascendencia, como ha sido la expulsión ilegal" a Lanzarote de la activista saharaui Aminatou Haidar, y "lo que es más, hacia la causa en favor de los derechos humanos en el Sáhara Occidental que Haidar personifica".
"Nos resulta cuanto menos sorprendente que la institución que representa a la Administración del Estado español en Lanzarote se haya mantenido al margen de un tema cuya responsabilidad compete al Gobierno de España, y de paso a la Delegación del Gobierno en Canarias de la cual la Dirección Insular depende", indicaron.
El colectivo agregó que, según informaciones publicadas en medios de comunicación, "fue precisamente dicha Delegación del Gobierno en Canarias, representada por Carolina Darias, quien dio la orden de hacer entrar en Lanzarote a la activista saharaui, aún contra su voluntad".