La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene bajo su protección a 4.440 incapacitados

 

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene bajo su protección a 4.440 incapacitados

Actualizado 02/08/2013 16:06:58 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) tiene en la actualidad a 4.440 personas bajo su protección, que en la mayoría de los casos tienen algún tipo de trastorno, discapacidad intelectual o que no tienen familiares y en caso de tenerlos, no pueden hacerse cargo de ellos.

Así lo ha explicado el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, en una visita que ha realizado este viernes a las instalaciones de este organismo, donde ha indicado que la Comunidad ha destinado 37,5 millones de euros a la AMTA, desde que fuera creada en 1995, para la protección de 11.000 tutelados.

"Este organismo regional, pionero en España, nació para garantizar la atención social, la administración patrimonial y la defensa judicial de las personas mayores de 18 años que han sido incapacitadas judicialmente", ha explicado el consejero.

En este sentido, el responsable de Asuntos Sociales ha destacado la labor que realizan los profesionales de la AMTA. "La labor que realiza la agencia tanto en el ámbito social como en el ámbito jurídico y asistencial es de calidad magnífica, ya que cuenta con 50 profesionales en su ámbito que cuentan con una característica especial, y es que son personas afectuosas, de tal forma que se genera una relación con el tutelado casi familiar", ha asegurado Fermosel.

4.440 PERSONAS BAJO LA PROTECCIÓN DE AMTA

En la actualidad, AMTA tiene bajo su protección a 4.440 personas de las cuales, la mitad están tuteladas y el resto corresponden a tutelas provisionales, curatelas, defensas judiciales y administraciones provisionales. Del total de incapacitados, el 56 por ciento son mujeres y en lo referente a la edad, el 72 por ciento tienen más de 50 años.

"Hablamos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y las que más apoyo necesitan, como demuestra el hecho de que dos de cada tres personas tuteladas disponen de unos ingresos anuales inferiores a 10.000 euros", ha señalado el consejero de Asuntos Sociales.

Para la protección de los tutelados en el año 2012, el Gobierno regional invirtió 3,9 millones de euros, los cuales permitieron la atención social, la administración patrimonial y la defensa judicial de la personas mayores de 18 años que han sido incapacitadas por un juez.

UN SERVICIO QUE NO ENTIENDE DE CRISIS

Fermosel ha indicado a los medios que la crisis no ha afectado al número de tutelados porque no es como otros servicios sociales a los que una persona accede, sino que las personas que llegan a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos lo hacen porque un juez los ha incapacitado. "No por ello tienen que permanecer en una residencia, sino que estas personas pueden estar en sus viviendas propias, en pisos tutelados o en pensiones, es decir, los recursos son muy variados.

La AMTA da cobertura a todas las necesidades de estas personas prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de atención: social, económica y jurídica.

El Área Jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran.

También cuenta con un área económico-administrativa encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión, en su caso. Además, se encargan de cumplir con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como de la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.

Asimismo, el área social se encarga de la atención y seguimiento integral de estas personas y promueven las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades vitales de los tutelados.

"El objetivo principal de estas actuaciones es promover la integración y normalización de los madrileños adultos que la Comunidad de Madrid tutela, así como fomentar el respeto de los derechos de estas personas", ha finalizado Fermosel.

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