MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
María Isabel Tejero Novelle, una activista del distrito de Tetuán de 51 años, ha sido condenada a 6 meses de cárcel por un delito de atentado contra tres agentes de la Policía Municipal de Madrid mientras intentaba parar un desahucio en la calle de la Guzmania en noviembre de 2014.
Durante el juicio, celebrado este martes, 14 de noviembre, en los Juzgados de lo Penal de Madrid, el juez ha adelantado el fallo, en el que aparte de la pena de cárcel, le reclamará por un delito de lesiones 900 euros de multa, así como 500 euros de indemnización para una agente, 500 para otra y 3.000 para la última agredida. Se deberá hacer cargo también de las costas.
El abogado de Isabel, Endika Zulueta, ha señalado en declaraciones a Europa Press que recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid una vez se notifique la sentencia a las partes.
Zulueta ha defendido que no ha cometido ningún tipo de atentado contra la policía, ya que "le apartaron del lugar a volandas y al hacerlo pudieron verse afectadas". "Ella ha estado en otros desalojos, donde media entre la Comisión Judicial y los afectados y nunca ha pasado nada", ha explicado.
Por último, el abogado ha espetado que "algo en el sistema no funciona si una persona como Isabel puede entrar en la cárcel".
El caso está siendo particularmente popular en las redes sociales, en las que desde hace aproximadamente una semana el hashtag #IsaLibre está siendo utilizado por numerosas personas anónimas y organizaciones de activistas para expresar su malestar por la denuncia.
La situación de Isabel también ha tenido repercusión en la clase política, entre ellas, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que explicaba en un tuit: "Dos años y medio por defender el derecho a la vivienda. Parar desahucios es un ejemplo de fraternidad vecinal. Todo mi apoyo, #IsaLibre".
También en redes sociales el grupo antidesahucio Tetuán Resiste acvertía: "Si crees que la represión no va contigo, atenta al caso de #IsaLibre. 2 años y medio de prisión por acudir a un desahucio. !Podrías ser tú!". A ese tuit adjuntan una imagen en la que se puede leer: "Se ha dejado la piel en cada desahucio, trabajando por el barrio sin descanso. Ahora es nuestro turno. ¡Activemos la solidaridad!".
Este grupo ha explicado, a su vez, a través de un comunicado, que la acusación es "tan ridícula", tanto por la complexión física de esta mujer de 51 años como por "su carácter pacífico", que "sólo puede explicarse cómo un intento deliberado de criminalizar la lucha vecinal".
DESAHUCIO DE UMBERTO
Además, señalan que se habían concentrado para evitar el desahucio de Umberto, un vecino del distrito de Tetuán, "víctima del mayor estafador de España - el usurero Antonio Arroyo Arroyo - que le había arrebatado su casa (completamente pagada) por un préstamo de 4.000 euros".
Arroyo es un conocido prestamista que se ha enfrentado a varios juicios por estafa o falsedad documental. Se le acusa, con sus prácticas, de haber provocado numerosos desahucios, como el de Umberto, un vecino del barrio madrileño de Tetuán, que fue desahuciado finalmente en febrero de 2015 después de que en 2011 pidiese un préstamo de 4.000 euros y este prestamista le reclamase 32.000 euros, una cantidad que no pudo pagar y que le ha llevado a perder su casa.
En declaraciones a Europa Press Televisión, Umberto aseguró que empezó "a sospechar" que le habían estafado cuando en lugar de reclamarle 100 euros le pidieron 32.000.
ACUSACIÓN DEL FISCAL
En su escrito de acusación, el fiscal relata que sobre las 10.20 horas del 20 de noviembre de 2014, Isabel se encontraba junto con otras dos mujeres en la calle de la Guzmania intentando impedir un lanzamiento. Allí estaban también varios agentes de la Policía Municipal de Madrid al tener encomendado el auxilio de la Comisión Judicial que iba a llevar a cabo el desahucio.
Una vez allí, el Ministerio Público asegura que la acusada y las otras dos mujeres impidieron el paso de los agentes, que les reclamaron que abandonaran la finca. Las dos mujeres accedieron a la petición de los agentes, pero la acusada, según el fiscal, "con manifiesto desprecio hacia el principio de autoridad", permaneció en el portal con la intención de parar el lanzamiento.
Ante su negativa, los agentes le reiteraron una vez más que abandonase el portal del domicilio. Isabel se negó tanto a irse del lugar como a identificarse, para "comenzar a dar voces para llamar la atención de las personas que se encontraban concentras en la calle", señala.
Entonces, dos agentes de la Policía Municipal la intentaron coger para sacarla del portal y conducirla fuera del perímetro policial, a lo que Isabel, "con ánimo de menoscabar la integridad física de las agentes", comenzó a forcejear con ellas "lanzándole patadas y cogiéndolas de las manos" desde el suelo. Estos hechos se repitieron con una tercera agente, de acuerdo con el relato del fiscal.
Finalmente, un conocido de Isabel consiguió calmarla y que se identificara a los agentes. Explica el Ministerio Público, a su vez, que le ofrecieron asistencia médica, a lo que la acusada presuntamente les espetó: "¿Ahora me ofreces un médico? No lo quiero, pedazo de mierda. Fascistas, ladrones. Os vais a enterar, os voy a dejar sin trabajo, soy minusválida".
Estas presuntas agresiones produjeron, según el fiscal, un esguince en el tercer dedo de la mano izquierda a una agente. Otra de ellas sufrió una contusión en la pierna derecha y la última policía municipal, la que tuvo lesiones más graves, un esguince en una articulación del metacarpo-falángico del primer dedo de la mano izquierda y artritis en un dedo de la mano derecha.
Por estos hechos, tanto el fiscal como la acusación particular reclamaban la pena de 2 años y seis meses de prisión por un delito de atentado, así como 4.798 euros de indemnización para los agentes.
