MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La exdirectora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) Ana Gomendio ha asegurado este viernes que la venta de los pisos a un 'fondo buitre' en 2013 fue "una operación magnífica, transparente y extraordinaria" cuyo concurso "se ajustó a derecho" y en el que el Instituto "mantuvo los derechos de los afectados y veló por ellos".
Así se ha pronunciado durante la primera sesión de la Comisión sobre la Corrupción Política constituida esta legislatura en la Asamblea de Madrid Gomendio, imputada precisamente por malversación de caudales públicos y prevaricación en el marco de una querella presentada por el Partido Socialista por la venta de estos pisos sociales.
"Fue una operación magnífica para el proceso que se hizo en el momento que se hizo. Se consiguió un 20 por ciento más de la tasación de las viviendas y de lo que se esperaba conseguir. Creo que fue una extraordinaria operación y transparente además", ha dicho.
Gomendio, que entró en la gerencia del IVIMA en abril de 2015 y firmó la resolución de venta de esos casi 3.000 pisos a un fondo de inversión, ha indicado que llegó "con la venta hecha" de unas viviendas "cuyas promociones fueron seleccionadas mediante un exhaustivo análisis de promociones y menos perjudiciales para los inquilinos".
A preguntas de los portavoces de la comisión, la exdirectora gerente ha indicado que las viviendas sociales se vendieron por "una situación de escasez de liquidez". "La Comunidad carecía de recursos para políticas sociales como la construcción de nuevas viviendas", ha subrayado.
Y a pesar de que dichos portavoces han insistido en que la Comunidad perdió casi cien millones de euros al venderlas por 100 millones de euros menos de lo que estaban tasadas para los inquilinos, Gomendio ha señalado que "se sacó un 20 por ciento más de lo que valía en ese momento".
"Existe una tasación por una sociedad independiente, que valoró las promociones en 168 millones cuando al final se adjudicaron por 201. Y se solicitó un informe a la Dirección de Política Financiera y fue un positivo", ha explicado. Además, ha dicho que se trató de un concurso restringido legal "que permite una selección de los licitadores en cuanto a la solvencia técnica".
"La operación se ajusta a derecho y es legal y la presidenta de la asociación de afectados no ha puesto nada encima de la mesa ninguna ilegalidad. La operación es legal, transparente, de libre concurrencia e informada a todos. No hay corrupción, pueda gustar o no", ha apuntado.
En ese punto, el diputado de Podemos Ramón Espinar le ha reprochado que estuvieran dispuestos a sacar a concurso esas viviendas por 168 millones de euros "cuando podían haberlo sacado a la venta a la gente en régimen de protección" por 300 millones.
Unas cifras que no concuerdan con las de la exgerente, que ha asegurado que este mismo año el IVIMA ha vendido a sus propietarios viviendas por un valor medio cada una de 35.000 euros.
Gomendio ha manifestado, además, que por ley los inquilinos no tienen derecho de tanteo y retracto y ha reconocido que el IVIMA ha mantenido relación "fluida" con los compradores, Encasa Cibeles, una vez por semana "para ver si se mantenían los derechos de los inquilinos y también para trasladar todo sin perjuicio del derecho de los inquilinos".
PSOE Y PODEMOS: "HA OBSTACULIZADO LA COMISIÓN"
Tras la comparecencia, la portavoz socialista Encarnación Moya se ha mostrado "sorprendida" por la comparecencia de Gomendio porque, a su juicio, "se intentaba obstaculizar el desarrollo de la comisión con una estratagema de prolongarse en sus contestaciones".
"Por más que le pedíamos que fuera concreta, ella no hacía más que leernos textos normativas que ya conocemos. Consumía tiempo y así se limite la capacidad de pregunta. Quería obstaculizar para que no haya resultado claro de su comparecencia", se ha quejado.
La misma idea que ha pronunciado el diputado de Podemos Miguel Ongil, que además ha señalado que los argumentos lanzados en la comisión por el portavoz del PP, Alfonso Serrano, "se alinean perfectamente con la imputada".
No obstante, Serrano ha manifestado que todo el procedimiento se ha realizado "conforme a la ley y transparencia". "El IVIMA lleva vendiendo viviendas desde su origen porque es uno de sus objetivos. Ha vendido casi 70.000 viviendas. En 2013 había falta de liquidez y había previsión de entregar 1.300 viviendas", ha esgrimido.
Igualmente, ha aludido a la posibilidad de que organismos públicos vendan a fondos de inversión desde la aprobación de una ley en 2005. "En un momento complicado había necesidad de buscar dinero y de liquidez y la opción era ofrecer un paquete amplio para conseguir una cantidad de dinero que creemos se prestó al valor que tenían. El Gobierno regional utilizó las herramientas que tenía, pero ahora no estamos en esas circunstancias y tenemos crecimiento económico y confiamos no volver a utilizar esa opción", ha explicado.
C'S: MUCHOS INTERROGANTES
Por último, el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha indicado que la comparecencia de Gamendio "ha arrojado poca luz" sobre el tema. No obstante, considera que "quedan muchos interrogantes todavía, como el hecho de que no existe un informe económico de que concluyera la posibilidad de vender a fondos de inversión esta vivienda".
"Por tanto, fue una responsabilidad política que ha supuesto una indefensión para los inquilinos, salvo los tribunales, de los abusos de los fondos. Y a saber por qué se llevó a cabo ese quebranto del patrimonio", ha concluido.
