MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha asegurado este jueves que la Comunidad paralizará la planta de compostaje cuya instalación ha sido autorizada en una zona limítrofe con Chinchón si los promotores de la misma no cumplen "escrupulosamente" con todos los condicionantes legales.
Así lo ha manifestado en el Pleno de la Asamblea, donde la diputada socialista Encarnación Moya le ha preguntado si considera que es adecuado el emplazamiento de la planta de compostaje, junto a "una de las joyas del turismo madrileño".
"No me gusta la idea de una empresa de estas características a pocos kilómetros del casco urbano de un municipio de enorme interés turístico como es Chinchón, pero la Consejería que presido no es competente para impedirlo, lo que sí puedo hacer, y lo estamos haciendo, es comprobar que cumpla con todas las exigencias y requerimientos legales", ha manifestado González Taboada.
Tras alertar sobre la posibilidad de que los olores invadan Chinchón, Moya ha pedido al Gobierno que "reaccionen y busquen soluciones" a una situación provocada por el Ejecutivo anterior, que autorizó la planta, al considerar que "el deber del actual gobierno es garantizar, sobre todo, una vida sana a los vecinos de Chinchón y, además, impedir el daño al turismo y a la economía no solo de Chinchón sino también de los pueblos limítrofes".
"Estamos ante un problema medioambiental, turístico y económico que está por encima de los colores políticos, de ahí la unanimidad de la corporación municipal y de todos los vecinos de Chinchón", ha afirmado la diputada socialista.
Además, ha señalado que "el patrimonio de Chinchón no es de los vecinos de Chinchón, es de los madrileños, es de los españoles, es de todos y no puede estar encima esta espada de Damocles que el Gobierno popular le ha puesto", a lo que ha agregado que "asegurar el disfrute de ese patrimonio histórico" es responsabilidad del Gobierno.
El consejero ha respondido a Moya que anular la autorización sería prevaricación, al tiempo que ha señalado que "autorizar una instalación de esta naturaleza es un proceso complejo, garantista, que precisa cumplir con las condiciones impuestas con las administraciones, la autonómica pero también las locales".
Asimismo, ha explicado que la instalación es viable urbanísticamente, ya que se trata de "un uso contemplado en las normas subsidiarias municipales", y que en 2011 "fue informado favorablemente por la Consejería de Medio Ambiente al no apreciarse impacto sobre el entorno, siempre que se cumpliesen los condicionantes determinados y después de llevarse a cabo el procedimiento ambiental municipal en todas sus fases".
"La Comunidad de Madrid no es promotora de este proyecto privado, ni decide su ubicación ni su oportunidad", ha aclarado el consejero, quien ha asegurado que su departamento "está examinando todo el procedimiento para comprobar si las actuaciones que se están llevando a cabo cumplen estrictamente con los planteamientos que fueron considerados en el momento de evaluar la misma".
"OBSTRUCCIÓN DE LA INSPECCIÓN"
En este sentido, González Taboada ha dicho que el pasado viernes se intentó hacer una inspección sobre el terreno, pero se impidió el paso a la instalación de los técnicos de la Consejería, que ha levantado acta por la "obstrucción de la inspección" y requerirá a los promotores para que les permitan realizarla, para comprobar si las actuaciones se ajustan a las autorizaciones que han sido concedidas.
Asimismo, ha manifestado que nos les consta que se haya realizado un informe de evaluación ambiental, condición exigida por la Comunidad.
