Presentan queja ante el Defensor del Pueblo por excluir menores y embarazadas extranjeras de la asistencia sanitaria

Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - Archivo
Publicado 11/04/2018 12:05:00CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Yo SÍ Sanidad Universal ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la "exclusión de menores y embarazadas extranjeras de la asistencia sanitaria" en la Comunidad de Madrid.

Tras la puesta en marcha por parte del Gobierno del Real Decreto Ley 16/2012 se comenzó a "excluir de la atención sanitaria a diversos colectivos, como las personas sin permiso de residencia, o los padres y madres de personas que obtuvieron su permiso de residencia con posterioridad al 24 de abril de 2012", han expuesto desde la plataforma en un comunicado.

Esta situación aseguran también se produce en la Comunidad de Madrid. En este caso sostienen que afecta a "los menores y embarazadas extranjeros, discriminándoles en función del tiempo que lleven residiendo en España o empadronadas en Madrid".

En este sentido, han manifestado que desde hace algunos meses el Servicio Madrileño de Salud en sus cursos periódicos de 'Derecho y Acceso a la Asistencia Sanitaria' para personal administrativo de Atención Primaria está "informando y dando instrucciones en el sentido de impedir que estos menores y mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho a la asistencia, poniendo así en riesgo su salud".

Yo SÍ Sanidad Universal ha indicado que en estos cursos se insta "al personal de administración de los centros sanitarios a revisar pasaportes y certificados de empadronamiento y denegar durante meses la inclusión en el sistema sanitario".

La recomendación, sostienen, es que "a embarazadas y menores no se les realice alta en el sistema de asistencia sanitaria hasta que acrediten al menos tres meses de residencia". "De forma arbitraria, mientras en algunos centros se contabilizan los 90 días desde la entrada en territorio español para dar de alta en el sistema y dar asistencia sanitaria, en otros se exige que hayan pasado 90 días desde el registro en el padrón municipal"

A su parecer, la Comunidad considera que la atención está garantizada "al poder acceder a los servicios de urgencia" pero para ellos "poner trabas a la atención puede poner en riesgo su salud, y que la falta de registro en el sistema sanitario impide la correcta atención de menores y embarazadas.

La plataforma expone que los menores no son asignados a una Pediatra, no pueden acudir a consultas de revisión y no pueden beneficiarse de medidas preventivas como la vacunación, mientras que las embarazadas no pueden ser asignadas a un Médico de Familia, ni ser derivadas a Ginecología o a la Matrona para seguimiento así como que en los casos que precisan atención de urgencia al no estar de alta en el sistema pueden recibir una factura por parte del centro sanitario.

Yo SÍ Sanidad Universal ha asegurado que "la práctica de facturar los servicios de urgencia se sigue produciendo en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, a pesar de que sus responsables lo nieguen, y a pesar de que la asistencia sanitaria en las situaciones de urgencia quede también garantizada en el RDL en el caso de los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes".

EXIGIR TRES ACTUACIONES

Por todo ello, exigen tres actuaciones a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cesar en la "vulneración de los derechos de los menores y las mujeres embarazadas, facilitando su inclusión inmediata en el sistema sanitario, la ley y los convenios internacionales, y garantizar a todos los menores y las embarazadas la atención sanitaria, independientemente de su situación administrativa y, en el caso de las mujeres embarazadas, de las semanas de gestación".

Asimismo, solicitan que se emitan instrucciones escritas, "claras y públicas a todos los centros sanitarios, y en especial a los profesionales de los servicios de admisión, revirtiendo las instrucciones impartidas en los cursos de formación".

En caso de que se mantengan en sus prácticas, instan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la ministra de Sanidad, Dolors Monteserrat i Montserrat, a que actúen para garantizar "los derechos de los menores y las embarazadas".

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