MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado la presentación de una Ley de Autoridad del Profesor que convertirá a los docentes de Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de la región en "agentes de la autoridad", al tiempo que los padres de los alumnos deberán conocer y firmar los reglamentos normativos que rigen en el colegio de sus hijos.
Durante el Debate del Estado de la Región, Aguirre centró buena parte de su discurso en la educación. Así, recordó que la semana pasada se conoció el último informe de la OCDE sobre Educación que establece que España sigue teniendo las más altas cifras de fracaso y abandono escolar. "El Gobierno de la Comunidad no va a escatimar esfuerzos ni recursos para que, en el marco de nuestras competencias, podamos ir mejorando la calidad de la enseñanza", se comprometió.
"Convencidos de que esas alarmantes causas de fracaso escolar se deben a una deficiente preparación en la primera etapa, hace ya seis años que implantamos una Prueba de Conocimientos Indispensables (CDI) en Sexto de Primaria y establecimos un plan de mejora. Hoy, todos los padres y profesores - a la que se opuso la oposición tan duramente-- saben que esa prueba sirve para que sepan lo que se espera que aprendan los niños en Primaria y para motivar a los escolares a que estudien", explicó.
Ese esfuerzo realizado en la Enseñanza Primaria, dijo, "tenemos que hacerlo también en la Enseñanza Secundaria Obligatoria". "La primera condición es que en los centros escolares exista un clima apropiado para que el profesor enseñe y los alumnos aprendan. Todos los expertos indican que los profesores dedican más de un tercio del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos. Las comisiones de escolarización revelan datos enormemente preocupantes de agresiones a profesores, actos graves de indisciplina", relató.
Gracias al Decreto de Convivencia, aprobado en abril de 2007, hoy todos los centros educativos madrileños cuentan con su propio reglamento en el que están claras las normas que rigen en colegios e institutos, entre las que destaca la prohibición del uso de móvil en clase. "Creemos que las familias tienen que implicarse más en el cumplimiento de esas normas. Por eso, desde este mes de septiembre vamos a pedir a todos los centros que envíen a todos los padres esas mismas normas, y que demuestren su conocimiento y aceptación, devolviéndolas firmadas", anunció.
"Creemos que educar para ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada, a respetar las instituciones y la autoridad y eso es enseñarles que la libertad tiene como límite la libertad de otro. Y que no puede haber libertad sin responsabilidad. No puede haber libertad sin reglas, ahí radica la mejor prevención contra el vandalismo, la violencia y el trato abusivo hacia los más débiles", consideró la presidenta.
Aguirre defendió que ese aprendizaje se haga en la escuela y consideró que para facilitarlo establecerá que los profesores "estén investidos de una autoridad indiscutible". "Hace tiempo ya que los profesores reclaman un mayor apoyo institucional que refuerce su autoridad. Queremos darles ese apoyo y transmitir de manera contundente que los profesores están investidos de una autoridad acorde a su importantísima tarea", sentenció.
COMO LOS MÉDICOS Y LOS JUECES
Por su parte, la consejera de Educación, Lucía Figar, explicó, en declaraciones a Europa Press, que esa condición de autoridad pública la tienen ya los inspectores de Educación, los médicos, los jueces y las fuerzas del orden.
"Nosotros se lo vamos a dar a los profesores", explicó Figar, que apuntó que en Cataluña se ha dado esa autoridad a los directores de centros educativos. "Eso implica fundamentalmente la presunción de veracidad", añadió. Así, explicó que ante una pelea o un conflicto entre alumnos o con el profesor se somete a un careo a las partes y se llama a los padres. "Creemos que esa presunción de veracidad funciona mucho en términos de disciplina y convivencia", opinó.
Otra cosa, dijo, es la forma de canalizar las agresiones al profesorado como autoridad pública, lo cual podría realizarse a través de una reforma del Código Penal, pero también lo puede hacer de Oficio la Fiscalía. "No hace falta muchas veces decir a qué sala van determinados delitos", opinó.
AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN
Por otra parte, la presidenta autonómica anunció un aumento de la remuneración económica de los jefes de Estudios y secretarios educativos, con el objetivo de premiar a los equipos directivos en los centros escolares de acuerdo con su responsabilidad.
Durante el debate del Estado de la Región, Aguirre manifestó el Gobierno es consciente de que "la principal responsabilidad del buen funcionamiento de un centro educativo y del mantenimiento del orden y del clima adecuado para el aprendizaje recae en los equipos directivos".
El año pasado el Gobierno de la Comunidad ya aplicó "un importante aumento de sueldo para todos los directores de los centros educativos, un compromiso que se cumple desde el 1 de enero de 2009", recordó Aguirre. "Hoy quiero anunciar que, pese a las actuales dificultades económicas, tenemos la firme intención también de incrementar la remuneración de los jefes de estudio y secretarios, que tendrán un incremento retributivo en reconocimiento de la tarea que desarrollan todos los días", anunció Aguirre.
Por otra parte, apuntó que el Gobierno regional extenderá a la Educación Secundaria del ambicioso programa de enseñanza bilingüe en inglés y en español, que en este curso se imparte ya en 250 centros sostenidos con fondos públicos, 206 colegios públicos y 44 concertados, cuya calidad ha sido reconocida por la UE.
