El TSJM levanta la suspensión cautelar sobre el proceso de externalización de 6 hospitales

 

El TSJM levanta la suspensión cautelar sobre el proceso de externalización de 6 hospitales

Actualizado 24/07/2013 16:17:11 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado levantar la suspensión cautelar provisional que había decretado sobre el proceso de externalización de seis hospitales públicos de la región, según han explicado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

El TSJM había decidido suspender cautelarmente el proceso tras un recurso del PSM presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en los pliegos para introducir la palabra 'anual' en el apartado de las garantías que debían presentar las empresas.

Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5 por ciento del importe total del contrato.

Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5 por ciento del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidencia.

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