El CGPJ adjudica el juzgado de Elpidio Silva a la magistrada Esperanza Collazos

Elpidio Silva
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 3 julio 2015 6:41

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado adjudicar en propiedad el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que era titular el juez Elpidio José Silva, a la magistrada Esperanza Collazos, según informaron fuentes de este órgano.

El órgano de gobierno de los jueces ha nombrado este martes a Esperanza Collazos Chamorro como nueva titular del Juzgado de Instrucción número 9 después de que Silva fuera declarado en la situación administrativa de excedencia voluntaria tras no resultar elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y que no solicitara el reingreso al servicio activo.

La magistrada Collazos se encontraba hasta ahora adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y había tenido sus últimos destinos en los Juzgados de Instrucción 32 y 20 de la capital.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a 17 años y medio de inhabilitación a Elpidio Silva por delitos de prevaricación continuada y contra las garantías constitucionales del ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.

La sentencia, con el voto discrepante del presidente del tribunal Arturo Beltrán, le acusa de adentrarse en una "inquisición general" contra Blesa, extralimitándose en sus funciones, sin motivar sus resoluciones y actuando con una "execrable" parcialidad a favor de la acusación ejercida por Manos Limpias. "Le importaba poco la ley", dice.

Silva, que ha abierto un despacho de abogados, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, según ha confirmado a Europa Press su abogado Gonzalo Boyé.

La última información en trascender sobre la causa abierta por la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, fue la acordada entonces por la jueza Raquel Robles al reclamar a la Fundación Caja Madrid y a Bankia que aportaran el acta del Comité de Dirección en el que se aprobó la operación.

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