MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado este martes que, de forma particular, considera que cualquier actuación relativa a la investigación de crímenes franquistas debe circunscribirse al marco de la Ley de Memoria Histórica.
Bravo se pronunció de este modo durante su intervención en un desayuno organizado por el Foro AragonEx, tras ser preguntada sobre si considera agotada la vía judicial para investigar los crímenes franquistas tras la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo en la que se absuelve a Baltasar Garzón de haber prevaricado por abrir causa por este asunto.
"Me consta que hay algún procedimiento abierto y además tenemos un marco legal que es la Ley de Memoria Histórica. Creo que cualquier actuación debe centrarse en ese marco legal", ha señalado la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.
Sobre la repercusión que han tenido las causas contra Garzón en la imagen de la Justicia española, Bravo ha señalado que cree que hayan afectado negativamente porque el Tribunal Supremo "ha dado muestras evidentes de actuar con absoluto rigor y aplicando por encima de todo el principio de legalidad desde su independencia e imparcialidad."
Ha añadido que las tres resoluciones dictadas respecto a las tres causas abiertas a Garzón -la condena por las escuchas de "Gürtel", la absolución en el asunto de la Memoria Histórica y el archivo por prescripción de la causa por los cobros en la Universidad de Nueva York - fueron "debidamente argumentadas y justificadas" y por lo tanto "ninguna de ellas puede considerarse como mal ejemplo de la imagen de la Justicia".
A juicio de la portavoz del Consejo, el sistema judicial español es "lo suficientemente garantista y en esta materia estamos a la cabeza de Europa".
Así, ha defendido que el Consejo del Poder Judicial "siempre se ha manifestado a favor del pleno ejercicio de la libertad de expresión" y que por ello siempre ha sido "absolutamente respetuoso" con las críticas que se puedan ejercer para "superar la imagen de justicia opaca y poco transparente".
"Ahora bien, una cosa es criticar una resolución judicial y otra es atacar directamente a las instituciones o formular ataques personales contra las personas que las representan". Según Bravo, lo segundo es "inadecuado.
Igualmente, Bravo ha rechazado que la exculpación del ex presidente valenciano en el caso de los trajes haya afectado a la imagen de la justicia.
"En muchas ocasiones, el coste de esa actuación independiente e imparcial da lugar a que los ciudadanos que tenían otras expectativas respecto a un asunto critiquen esas resoluciones -ha manifestado la portavoz-, pero yo insisto que por mucho que pueda sorprender el juicio de Camps, ha sido juzgado por un tribunal y la resolución está pendiente de recurso y será valorada en todo caso por el Tribunal Supremo".
URDANGARIN
Bravo ha declinado igualmente valorar la declaración judicial prestada durante el pasado fin de semana por Iñaki Urdangarín ante el juez de Palma José Castro en el marco de la investigación de las actividades del Instituto Nóos.
Según la portavoz, el hecho de que se decidiera celebrar la comparecencia en fin de semana y que la declaración se prolongara durante casi 22 horas compete únicamente al instructor y el CGPJ no tiene nada que decir al respecto.
"Imagino que si ha estado 22 horas declarando imagino que también estaría conforme el letrado que defiende al señor Urdangarín. Estamos ante un asunto, por lo que han contado los medios de comunicación, que es de gran trascendencia y de mucha complejidad, por lo que si el interrogatorio ha sido largo no tiene por qué sorprendernos", ha señalado Gabriela Bravo.
Igualmente, ha declinado pronunciarse sobre una información de un periódico que ha publicado una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para extender el aforamiento más allá de la Figura del Rey porquecualquier reforma debe contar con el informe preceptivo del órgano que representa y sería imprudente adelantar ninguna opinión.
En otro momento de su intervención, Bravo se ha posicionado en contra de determinadas reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia, como los cambios en el modo de elección de los vocales del CGPJ o la instauración de la prisión permanente revisable, aunque ha afirmado que, de aprobarse esta medidas, ella las respetará.
