MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Transparencia, Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han acordado buscar un modelo homogéneo de medición del cumplimiento de la Ley de Transparencia que permitirá conocer su avance en los distintos territorios del país.
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido hoy una reunión con los responsables de Transparencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, además de representantes de la FEMP, una vez que han transcurrido varios meses desde la constitución de los nuevos gobiernos regionales y locales tras las elecciones del 24 de mayo.
Según la presidenta del Consejo de Transparencia, el acuerdo "va a permitir no sólo homogeneizar un sistema de medición único en todo el territorio, sino también conocer el desarrollo de la Ley y su cumplimiento además de establecer comparaciones sobre su evolución en las distintas autonomías y ayuntamientos".
El Consejo de Transparencia también ha presentado a las CCAA y a la FEMP un modelo de convenio para que, aquellos gobiernos regionales o locales que no hayan creado su órgano independiente en materia de transparencia, puedan, si lo estiman oportuno, atribuir al Consejo de Transparencia la competencia para la resolución de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos.
La presidenta del Consejo de Transparencia ha destacado también este acuerdo: "Permitirá que, igual que hacemos con las reclamaciones estatales, el Consejo resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presenten en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, evitando que se tengan que crear más órganos independientes y con la garantía de la experiencia e independencia del Consejo de Transparencia".
CASI 3.000 PETICIONES DE CIUDADANOS
La presidenta del Consejo de Transparencia también ha recordado que, hasta el 30 de septiembre, el Portal ha recibido 2.946 peticiones de ciudadanos, mientras las reclamaciones presentadas al Consejo suman 310, aproximadamente el 10% de las peticiones.
Con estos datos, ha insistido en que todavía las peticiones de los ciudadanos son pocas, "deben preguntar y exigir más, para hacer de la transparencia no sólo un derecho sino también un compromiso permanente de participación en la gestión pública".
