La legislatura más fructífera del Parlamento concluye sin aprobar más de 15 normativas anunciadas o recogidas en el pacto del bipartito
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las elecciones anunciadas hoy por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para el 1 de marzo y la disolución del Parlamento de Galicia a principios de año impedirán la tramitación de cuatro leyes y otras tantas iniciativas legislativas populares, pese a que la VII Legislatura ha sido la más fructífera de la democracia en Galicia, con 53 textos aprobados.
En total, más de 15 compromisos legislativos anunciados o recogidos en el pacto del Gobierno bipartito se quedarán en el cajón, o bien porque fracasaron, como es el caso de la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía de Galicia, o bien porque las promesas normativas se fueron dilatando en el tiempo, como la reforma de la CTRVG.
De este modo, el proyecto de Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Galicia, el de Publicidad Institucional, el de Aeródromos de Galicia y el de Acción Voluntaria se quedarán en el trámite parlamentario, tras haber sido aprobadas por el Consello de la Xunta. La más avanzada de ellas es la de Archivos, que se ha tomado en consideración en el pleno de esta semana, aunque no habrá tiempo para aprobarla.
Precisamente por ello, el BNG ha reclamado celebrar un pleno extraordinario antes de final de año para poder "acabar leyes" como la de Archivos, aunque su socio en el bipartito "no baraja" esta posibilidad, con lo cual esta normativa deberá retomarse en el próximo mandato.
Asimismo, se quedarán en el tintero la Ley de Montes y la Ley de Comercio, sobre cuyos proyectos el Consello Económico e Social ya ha dictaminado, pero el Gobierno gallego aún no los ha aprobado en Consello y por lo tanto no han sido remitidos al Parlamento.
Con todo, para el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, la VII legislatura termina "con leyes de mucha importancia" y citó, en declaraciones a Europa Press, la Ley de Derecho Civil de Galicia (que había quedado pendiente del anterior mandato), la Ley de Medidas Urgentes para la Protección de la Costa, la Ley de Residuos o la Ley de Función Pública.
PACTO DE GOBIERNO
Durante los tres años y medio de mandato, uno de los textos de los que más se ha hablado como parte de las promesas incumplidas es el de la reforma de la Ley de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia, para la que se constituyó un comité de expertos que elaboró, pese a diversas discrepancias, un dictamen que remitió al Gobierno pero que, finalmente, no se plasmó en un proyecto de ley, pese que a formaba parte del pacto del bipartito.
De éste también se desprende el incumplimiento de la elaboración de una ley de coordinación de las diputaciones para avanzar en un plan único de obras y servicios, o la reforma de la ley electoral.
Precisamente, a raíz de una comisión sobre la supuesta agente electoral del PSdeG constituida en el Parlamento gallego se elaboró un dictamen que incluía la recomendación de escrutar en un plazo de tres días el voto exterior. Sin embargo, los socios del bipartito interpretaron de distinta manera esta sugerencia y la modificación no ha llegado a materializarse con el argumento de que lo importante era conseguir el voto en urna.
REFORMA DEL ESTATUTO
El pacto del gobierno bipartito también recogía la intención de impulsar un nuevo Estatuto para Galicia, pero se postergó tras una ponencia en la Cámara de un año de duración y después de una reunión a tres bandas (PPdeG, PSdeG y BNG) en la que las negociaciones entre los tres líderes políticos fracasaron.
No obstante, otros textos anunciados, como una ley de Juventud --al cual se refirió Anxo Quintana en octubre de 2005--, la Ley de Drogodependencias --que suscitó el malestar del sector vitivinícola, lo que obligó a su aplazamiento--; la Ley de Galleguidad, la de áreas de metropolitanas, la de transporte público o la de reforma de las estructuras agrarias, no han salido adelante.
INICIATIVAS POPULARES
La disolución del Parlamento autonómico también dejará en fase de tramitación un total de cuatro iniciativas legislativas, después de que sólo una, la de protección y conservación de los ríos gallegos, hubiese sido ratificada por todos los diputados. Con todo, esta propuesta había quedado retrasada del anterior mandato, por lo que ninguna de las iniciativas de esta legislatura a petición ciudadana vieron luz verde.
Cuatro son los textos por impulso popular pendientes de debatirse en el Pazo do Hórreo y se refieren a la modificación de la Ley Electoral propuesta por IU para rebajar de un 5 a un 3 por ciento el porcentaje de votos necesario para obtener un diputado; para cambiar la retribución de los funcionarios que desempeñan cargos con consideración de altos cargos; para crear una red de apoyo a la mujer embarazada; y para la creación del área metropolitana de Vigo.
En todo caso, la VII legislatura termina con la aprobación de leyes como la de Servicios Sociales, la normativa contra la Violencia de Género, la de Participación Institucional, la Ley de extinción de incendios y la de la Policía Autonómica.
Una de las leyes más trascendentes que sacó adelante el bipartito y de la cual hecho bandera el PSdeG es la de Medidas Urxentes de Ordenación do Litoral, que estableció un periodo máximo de dos años, desde el 17 de mayo de 2007, en el que está suspendida la construcción en la franja de 500 metros del litoral. No obstante, será el Gobierno que salga de las urnas el 1 de marzo el que concrete el Plan del Litoral, que debe delimitar metro a metro la ordenación urbanística de la costa gallega y que permitiría el levantamiento de la moratoria máxima de dos años.
La reforma del reglamento de la Cámara también quedará pendiente para la octava legislatura, ya que se constituyó una mesa de trabajo, pero ésta no consiguió materializar un acuerdo conjunto de los tres grupos, pese a que el BNG redactó unas normas para negociar sobre ellas que no llegaron a ser debatidas por la ponencia.
