MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuyo proyecto de Ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, agilizará los trámites al reducir el número de procedimientos necesarios para resolver un mismo hecho, lo que conllevará a la reducción de los costes, tanto para trabajadores como para empresarios.
De este modo, los juzgados de lo Social asumirán todos los casos de accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, vulneración de derechos en el ámbito laboral, así como asuntos de discriminación y acoso en el lugar de trabajo, con lo que se evitará el "peregrinaje jurisdiccional" por los distintos juzgados, ya que hasta ahora estos temas también se tratan en los juzgados de lo Civil y lo Contencioso-administrativo.
Con la puesta en marcha de la nueva ley, se abrirá un solo procedimiento, que servirá para resolver disputas originadas en el ámbito laboral y de protección social; serán evaluadas por un mismo juez, con lo que se evitarán duplicidades o discrepancias; y la respuesta final será más especializada, ya que el juzgado de lo Social es el más capacitado para resolver este tipo de litigios.
Asimismo, con el nuevo marco legal se potencia la participación de los actores sociales, ya que los trabajadores autónomos tendrán una protección homogénea en el orden social; las entidades públicas o privadas, cuyo objetivo sea la defensa de los intereses legítimos afectados, podrán intervenir en casos de discriminación y acoso; el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán una mayor capacidad y legitimación procesal; y los sindicatos estarán exentos de abonar depósitos y tasas para litigar.
