MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido este lunes a España que rechace dos proyectos de reforma legal que, a su entender, "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos".
"Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", ha señalado este grupo de expertos, en referencia a los proyectos de Reforma del Código Penal relativos a los delitos de terrorismo y de desórdenes públicos y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se encuentran actualmente en trámite de enmiendas en el Senado.
Los relatores especiales Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson y Michel Forst recuerdan que el derecho a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión "son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática".
"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", indican.
En cuando al Código Penal, los cuatro relatores precisan que el texto "incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades".
El proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo.
En este sentido, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, ha señalado que "la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".
CRIMINALIZACIÓN DEMASIADO AMPLIA
Por otra parte, los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de 'incitación y enaltecimiento' o 'justificación' del terrorismo' son excesivamente amplias e imprecisas.
"Tal como está redactada, la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión", añaden.
En cuanto a la conocida como 'ley mordaza', los relatores precisan que vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, "limitando marcadamente el ejercicio del mismo".
